Un plan cada vez más menguante

Eventuales del Infoca denuncian la desaparición de retenes y recortesen medios materiales, como camiones autobomba y torretas de vigilancia

La Consejería de Medio Ambiente repite cada año que el Plan Infoca está integrado por más de 4.500 profesionales. Se trata, tal y como detalló el pasado 29 de mayo durante la presentación del dispositivo la titular en funciones del departamento, María Jesús Serrano, de 3.495 empleados de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), 1.100 con plazas de funcionario y casi 200 trabajadores eventuales. Los recursos humanos, por tanto, se mantienen en 2015 «en las mismas magnitudes», tal y como aseguró.

Sin embargo, los eventuales hacen un análisis distinto al discurso oficial, mantenido machaconamente verano tras verano pese a la crisis y el generalizado recorte de personal y medios materiales en las empresas y organismos dependientes de la Junta de Andalucía. Así lo asegura Antonio Pérez, uno de los portavoces del colectivo, quien denuncia que el dispositivo «está menguando paulatinamente», con las consecuencias que esto conlleva a la hora de afrontar las extinciones o de desarrollar labores preventivas en el monte durante todo el año.

Estos trabajadores estuvieron acampados frente al Parlamento andaluz un total de 118 días para pedir una mayor estabilidad laboral. Por allí pasaron políticos de todo pelaje y, finalmente, dieron por terminada la protesta a comienzos de febrero tras el compromiso del Gobierno andaluz de que todos serían llamados de cara a la campaña de extinción. La propia Serrano señaló que al personal se le estaba llamando «con normalidad». No obstante, Pérez subraya que «el compromiso no se está cumpliendo» y que «todavía quedan muchos compañeros que no han sido llamados».

La bolsa de trabajo está compuesta por un total de 71 aspirantes. Una vez concluido el contrato en octubre, son despedidos y, de cara al mes de junio, son contratados de nuevo. Pero las campañas de verano se presentan «cada año peor», según Pérez, puesto que «nos tenemos que trasladar de una provincia a otra y el sueldo no nos da para pagar un alquiler». En definitiva, «vamos a trabajar perdiendo dinero». Los operarios de extinción, según detalla, cobran unos 1.100 euros al mes, los conductores de camiones unos 1.000 y los vigilantes de torreta en torno a 900. Pese a esta situación, considera que los responsables del plan «nos terminarán llamando a todos porque no les queda otra, ya que sería imposible completar el dispositivo con el mínimo de garantías».

Junto a ello, el colectivo denuncia que muchos retenes, que deberían tener siete plazas, están incompletos «o incluso han desaparecido». Como muestra un botón: «En Hinojos había siete y ahora sólo dos», asegura Pérez, quien alerta también de la disminución de camiones autobomba y de torretas de vigilancia.

Esta situación repercute en el personal fijo, ya que «nos dicen que van solos por el monte, con el peligro que eso conlleva», critica Pérez. Además, los contratos comienzan en junio y en los meses previos se producen numerosos incendios «que no son atendidos adecuadamente». Los empleados seguirán presionando y critican que la presidenta en funciones, Susana Díaz, «sólo se pone del lado de los trabajadores cuando tiene que recabar apoyos».