Un riesgo para la seguridad jurídica

La decisión de la Junta de Andalucía de abrir dos procedimientos administrativos contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el denominado «banco malo», constituye un peligro para la recuperación económica. Principalmente, porque pone en riesgo la seguridad jurídica, elemento fundamental para la atracción de inversiones a la comunidad. La ley de función social de la vivienda atenta contra la propiedad privada y ya la Comisión Europea mostró su preocupación porque podría alterar el proceso de reestructuración bancaria, una de las reformas más importantes para que fluya el crédito y la economía respire. Nada de eso interesa a IU, que ha encontrado en las políticas de vivienda el principal altavoz de su acción política. El problema es que sus intereses electorales chocan incluso contra las acciones emprendidas por Susana Díaz. La presidenta continúa recabando apoyos entre las principales compañías del Ibex 35 mientras que permite a su socio de Gobierno que ponga trabas a estas mismas sociedades en la comunidad. Incluso la coalición de izquierdas se congratuló del crédito suscrito con el Banco Santander y ahora celebra el expediente sancionador a la Sareb, un organismo que ha liberado a las entidades financieras de activos tóxicos.

Es previsible que el expediente sancionador se quede en nada. La Sareb ha recordado que es una empresa que adquirió esos activos por mandato legal, para venderlos y sanear a los bancos y cajas. Incluso ya había anunciado que cedería viviendas para alquiler social a todas las administraciones una vez que regularizara el ingente parque de inmuebles recibido. La Junta, por tanto, sólo busca un golpe de efecto. El problema es las consecuencias que puede generar después. Eso no les interesa.