Una ayuda para un curso costeó 357,5 litros de aceites de motor y 90 de líquido anticongelante

La investigación policial que cerca a quienes han realizado un mal uso de las ayudas finalistas adjudicadas por la Junta en Huelva para formación ha desvelado todo un catálogo de actuaciones irregulares. No sólo se imputaron a cursos de cocina la compra de sustanciosas cantidades de alimentos, hubo quien, presuntamente, cargó a uno los gastos de un taller.

Todo comenzó cuando el 8 de junio de 2010 Manuel Ignacio P. P. presentó una solicitud para una subvención con un destinatario: Europalillo SLU, constituida menos de un mes antes. Fue cuatro días después de dar de alta a la entidad en la Seguridad Social. La dirección onubense del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) le otorgó en 2011 66.555 euros, a descontar del programa presupuestario 32D, para una acción formativa de Mecánico de Vehículos Ligeros de 870 horas que se impartiría del 1 de marzo al 30 de septiembre de 2011, con 10 alumnos y un compromiso de contratación a cumplir del 60%. La utilización que se ha hecho de esos fondos acabó integrando el sumario del proceso judicial que en torno a los cursos arma el juzgado de Instrucción número 5 de Huelva y, tras analizar el expediente del SAE la Policía lo tuvo claro: «Se observa –sostiene en un informe que obra en poder del órgano judicial– que utiliza la realización del curso para imputar las facturas de los gastos ordinarios de la actividad del taller durante el período de duración del mismo, incluyendo meses anteriores y posteriores». ¿De qué tipo de productos se trata? 44 garrafas con 220 litros de aceites de motor de diversas marcas, 137,5 de lo mismo pero a granel –357,5 en total–, 38 juegos de pastillas de freno y otros 10 de escobillas limpia-parabrisas, 90 litros de líquido anticongelante, 14 juegos de discos de freno, 57 unidades de filtros de aire, otras 8 de filtros habitáculo y 65 de bujías. A ello hay que añadir 10 unidades de baterías de vehículo, 32 de neumáticos o tres de ganchos de remolque. Los investigadores reflejaron ese listado de ejemplos en el informe centrado en Europalillo para concluir que eran «las facturas emitidas por el taller en su devenir diario, de repuestos y mantenimiento de los vehículos que acudían al mismo» para su puesta a punto o su reparación, pese a haber sido imputadas al curso como gasto en materiales. Según sus cálculos, la suma de todas ellas produjo «un beneficio en el propietario de la entidad de 19.885,68 euros», lo que supone el 30% del global de la subvención. Además, algunas fueron emitidas y pagadas meses después de zanjada la actividad formativa, lo que viola lo fijado en el reglamento de facturación que obliga a expedirlas en el plazo máximo de un mes desde el término de aquélla.

Al margen de los materiales, en el trabajo policial consultado por LA RAZÓN se asevera que hubo un «incumplimiento total» del compromiso de contratación que conllevaba la ayuda por parte de la empresa subvencionada. Según relataron al juzgado los agentes, la entidad vinculada a Manuel Ignacio P. P. presentó «los contratos de cinco de los alumnos» por seis meses, si bien, uno de ellos estaba fechado con dos «de anterioridad a la finalización del curso»; tres fueron contratados «transcurridos casi cuatro meses y medio desde la finalización, casualmente el último día de la ampliación del plazo de justificación económica –que Manuel Ignacio P. P. pidió y le concedió con «inusitada celeridad» el ex director del SAE en Huelva Eduardo Manuel Muñoz, ahora investigado por la Justicia–; y el ultimo «después de nueve meses» del punto y final del curso, «absolutamente fuera de los plazos legalmente establecidos».

La Policía entiende que las mencionadas contrataciones fueron «simuladas» con «la única intención de justificar la subvención y evitar la pérdida de los fondos públicos». Ultimadas sus pesquisas, los investigadores sostienen que ni «la entidad cumplía con los requisitos previos que la hiciesen merecedora» de la ayuda ni «disponía de las capacidades, instalaciones y medios para el desarrollo de la misma bajo unos mínimos estándares de calidad». Creen que el empresario buscó «su lucro personal» y vuelve a acusar a la Junta de «dejadez» en el control.

Los investigadores detectan un rosario de irregularidades

En el informe policial que centra Europalillo SLU se apunta una hilera de anomalías comunes en otros expedientes ahora bajo la lupa de la Justicia. Los investigadores dejan constancia de que, examinado el de la ayuda de 66.555 euros, «no se observa» que se realizara «informe o evaluación» del curso de Mecánico de Vehículos Ligeros para el que se concedió por parte de técnico alguno. En el apartado de los alumnos, la mitad desvelaron en sus declaraciones ante los investigadores, «irregularidades en los partes de asistencia» que incluían el que se permitió firmar a quienes no asistían a las clases «en días posteriores». A dos docentes de módulos transversales, Manuel Juan L. G. y María de la Cinta R. C., no se les realizó «contrato» ni se les dio «de alta en la Seguridad Social». Y la segunda no reconoció su firma en dos documentos –una ficha de monitor y otra de módulo–, en los que aparecía al pie junto a su nombre, por lo que la Policía entiende que «se ha falsificado su firma».