Una empresa de la Junta era cliente de uno de los testaferros de Lanzas

La extinta empresa pública para el desarrollo agrario y pesquero (Dapsa), dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, fue cliente durante dos años de Servicios Inmediatos de Andalucía, propiedad de Eduardo Leal del Real. Esta sociedad es señalada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como una de las empresas «pantalla» utilizada por Juan Lanzas para aflorar el dinero obtenido de las sobrecomisiones por su intermediación en los ERE financiados con fondos públicos que investiga el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

En 2005, la Agencia Tributaria se dirigió a varias empresas que mantenían relaciones comerciales con Servicios Inmediatos de Andalucía en el marco de una investigación por un posible delito fiscal. Entre otras, envió una carta a Dapsa reclamándole «copia firmada por persona autorizada de las facturas emitidas y recibidas de la entidad Servicios Inmediatos de Andalucía SL en los ejercicios 2001, 2002 y 2003», así como «justificantes de los medios de pago/cobro relativos a las operaciones antes referidas». El ente público localizó en su contabilidad 12 facturas en 2002 y otras 12 en 2003. El primer año por importe de 7.916,31 euros y, el segundo, por 2.769,61. En total, 10.685,92 euros que recibió la empresa de Eduardo Leal del Real, actualmente en prisión tras ser detenido dentro de la «Operación Heracles».

Uno de los aspectos más llamativos de Servicios Inmediatos de Andalucía es que, según la declaración ante la Guardia Civil de otro de los presuntos testaferros, Francisco Javier Algarín Lamela, socio de Eduardo Leal del Real, éste creó la empresa en 2001 después de fracasar en otra –Distripack– y sólo contaba «con 7 u 8 repartidores que tenía trabajando sin contrato». De hecho, Algarín le imprimió «durante 4 o 5 meses» la facturación de los trabajos que realizaba en la empresa en la que trabajaba hasta que Leal del Real «contrata a una administrativa, Beatriz de Chiclana». Esos problemas no le impidieron trabajar para una empresa pública como Dapsa.

En esos años –2002 y 2003–, Lanzas, según Algarín Lamela, ya utilizaba a Eduardo Leal para hacer facturas falsas

Años más tarde se ha sabido para qué servía realmente esa empresa –y otras–. Según la juez Mercedes Alaya, Eduardo Leal del Real asumió la administración directa de un entramado de sociedades «siguiendo presuntamente las instrucciones de Juan Lanzas Fernández», entre las que se encontraban Servicios Inmediatos de Andalucía, Atrado Mensajería, Conexión en Reparto y Estudios Agenciales. Según la instructora, «este entramado fue constituido con la finalidad de que Juan Lanzas pudiera cobrar sus honorarios por su labor de intermediación ilícita en el holding Vitalia, tanto para la consecución de la financiación pública de las pólizas, lo que generaba un mayor volumen de negocio, como en su caso para la imposición de elevadas sobrecomisiones pagaderas por la Junta de Andalucía».

De hecho, la investigación de la Agencia Tributaria sobre Servicios Inmediatos de Andalucía ha finalizado con una petición por parte de la Fiscalía de Sevilla de nueve años de cárcel para Eduardo Leal del Real y ocho años y medio para Juan Francisco Algarín por un presunto fraude fiscal en las declaraciones del IVA de esta empresa. El escrito de acusación de la Fiscalía que también consta en el sumario, imputa a ambos falsas declaraciones del IVA en la empresa Servicios Inmediatos de Andalucía, propiedad de Leal del Real. La cantidad defraudada asciende a 188.456 euros en 2002 y 175.239 euros en 2003.

El representante del Ministerio Público considera que «con la única intención de no ingresar al Tesoro Público la totalidad del IVA recaudado», Leal del Real presentó declaraciones falsas del impuesto soportado y repercutido, mediante la declaración de unas «compras a proveedores muy superiores a las que estos le imputaban y unas ventas muy inferiores a las declaradas por sus clientes».

Como cobertura para estas declaraciones falsas, Algarín elaboró facturas falsas de reparto de publicidad y un tercer acusado, Manuel A. A., facturas referidas a un negocio de droguería regentado por su esposa.

Para Leal del Real, la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública que le imputa en concurso con otro de falsedad en documento mercantil, y para Algarín reclama cuatro años y tres meses por cada uno de los dos delitos.

Junto a la condena de cárcel, la Fiscalía pide para Leal una multa de 980.000 euros, para Algarín de 950.000 euros y la devolución a la Agencia Tributaria entre todos los acusados de 363.696 euros. El juicio –en otra vía distinta a la de los ERE– se celebrará en los próximos meses.