Una «estructura jerárquica y piramidal» que ocasionó un perjuicio incuantificable

El sistema de subvenciones utilizado entre 2000 y 2010 era «ilegal». Y, ello, llevado a cabo dentro de una «estructura claramente jerárquica y piramidal». Éstas son algunas de las consideraciones generales que realiza el magistrado del Supremo Alberto Jorge Barreiro en su resolución, donde deja claro que esa forma de actuar ha ocasionado un grave «menoscabo de fondos públicos», así como «importantes perjuicios al erario público». Ese perjuicio es de tal envergadura que no se puede cuantificar en estos momentos: «Las cifras concretas son de difícil cuantificación en el momento presente, dado que la investigación todavía se halla abierta y los datos evolucionan ante nuevos hallazgos, más bien al alza, salvo excepciones».

En todo caso, sí se ha podido cuantificar en 855 millones de euros el dinero presupuestado y que la Junta de Andalucía gastó y pagó desde 2000 a 2010 en las subvenciones acordadas y concedidas. El grueso más importante de este dinero se dedicó a los 77 ERE, en donde se efectuaron pagos excesivos.

Sin embargo, añade al respecto el magistrado, todavía queda por cuantificar el quebranto económico «que pudiera derivarse de un número superior, a unas 140 empresas no vinculadas con el tema de los ERE, empresas a las que subvencionaba por las más diversas razones sin sujetarse a los controles específicos del régimen subvencional».

De esa forma, dispusieron de fondos públicos en perjuicio de la Junta de Andalucía «y en beneficio lucrativo ilícito de terceros». Sin embargo, destaca que no hay indicios de que ni Zarrías ni Chaves «intervinieran en esas entregas de fondos públicos» ni que conociesen que de los mismos se pudiesen lucrar de forma ilícita terceras personas. En cambio, añade, no puede afirmarse lo mismo respecto a José Antonio Viera, de quien sí hay datos de que intervino, al menos indiciariamente, «en la concesión de dinero a empresas a las que beneficiaba ilícitamente por no concurrir los requisitos para proporcionarles ayuda alguna».

Un aspecto relevante es lo que señala en el auto sobre Griñán: se ha investigado una estructura claramente jerárquica y piramidal, pues no sólo es que la falta de entrega por la viceconsejera de los informes que se dirigen al consejero contradiga de forma patentemente irrazonable lo que sucede en casos similares, sino que de acogerse a la versión del imputado, en la Junta de Andalucía habría un sector de altos funcionarios (de viceconsejerías hacia abajo) que estarían realizando una especie de complot o de conspiración del silencio dentro de las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda para ocultar a los consejeros los informes relevantes y alarmantes que les llegaban referentes al sistema de aplicación de las transferencias de financiación».