Una ex consejera, con sueldo de la Junta y cargo en una fundación

La extitular de Educación Adelaida de la Calle cobra casi cinco mil euros al mes por haber dejado su puesto y preside la Corporación Tecnológica de Andalucía

La ex consejera de Educación Adelaida de la Calle pasó justo dos años dirigiendo la educación pública andaluza. Un breve periplo que finalizó en junio pasado, cuando fue cesada dentro de la remodelación impulsada en su Gobierno por Susana Díaz. La presidenta de la Junta había confiado en la entonces rectora de la Universidad de Málaga para un ámbito muy distinto al de sus competencias. Pocos días después de su cese, se hizo público su nombramiento como presidenta de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), una fundación privada que se nutre principalmente de subvenciones otorgadas por organismos públicos, principalmente la Junta de Andalucía.

De la Calle es catedrática de biología celular y estuvo al frente de la Universidad de Málaga entre 2004 y 2015, cuando accedió al Gobierno andaluz. Su currículum es extenso pero ahora –a punto de jubilarse este año, cuando cumpla setenta– ha decidido que su retiro no esté en la institución en la que volcó tanto tiempo, si no que ha optado por entregarse a la iniciativa privada. El cargo, según puntualizan desde la CTA, es «institucional» y ella no percibe asignación fija alguna. Sí se le compensan los gastos derivados de la representación de la fundación, como viajes y dietas. Esto le permite compatibilizarlo con los 4.942 euros mensuales correspondientes a la cesantía como ex consejera, en total más de 118.000 euros. Así se detalla en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, donde figura que la malagueña cobrará esa cantidad durante dos años, hasta mayo de 2019, según la última actualización.

Cuando se hicieron públicos los ingresos de los consejeros andaluces, De la Calle figuraba como la que mayor renta declaraba, superando los cien mil euros al año –debido a la antigüedad que acumula como catedrática cobraba más que la presidenta andaluza–.

El anterior dirigente de la CTA, el empresario Joaquín Moya-Angeler, lo fue durante once años. En su caso sí conllevaba una remuneración y carácter ejecutivo, facultades que le otorgó el patronato de la fundación, confirmaron desde la CTA e insistieron en el «carácter institucional» del nombramiento. En este sentido, recalcaron que únicamente percibiría como compensación «los gastos por el ejercicio de sus funciones». Moya-Angeler presentó su renuncia a encabezar la fundación en 2015. El relevo no le llegó hasta dos años después, con el nombramiento de la ex consejera. Desde su nacimiento, un total de 158 compañías han formado parte de esta alianza público-privada, con nombres como Abengoa, La Caixa, Airbus, Cepsa o Telefónica. La fundación está regida por un patronato y un comité ejecutivo. No obstante, las mismas fuentes insistieron en que desde la entrada de De la Calle las labores ejecutivas recaen sobre el director general.

La CTA se creó en 2005, promovida por la Junta y un grupo de empresas para favorecer la transferencia de conocimiento entre las universidades y el tejido empresarial. El Presupuesto para el año pasado contemplaba 1,76 millones en personal, más de la mitad de los 3,2 millones de los que disponía para su funcionamiento. Solo a gastos del equipo directivo destinó 434.000 euros.

El grueso de las últimas subvenciones concedidas provienen de la Consejería de Economía y Conocimiento, que articuló una ayuda extraordinaria de 19,9 millones para financiar proyectos de I+D+i en Andalucía. En su década larga de existencia ha impulsado 600 proyectos, con más de 150 millones de euros en incentivos y 457 millones de capital privado movilizado, según recoge su última memoria publicada. En total, más de 330 grupos de investigación de las nueve universidades y otros centros públicos han participado en actividades impulsadas por la fundación.

Otros consejeros que fueron recolocados inmediatamente después de su salida perdieron o renunciaron a las cantidades que les correspondían. Dos de ellos –Aquilino Alonso (Salud) y Carmen Ortiz (Agricultura)– dejaron de cobrarla tres meses después. Cada uno recibió casi 4.700 euros mensuales. Ortiz está ahora la frente del Puerto de Huelva, mientras Alonso recaló en la Agencia Andaluza de la Energía tras ser cesado por la crisis de la sanidad, después de que miles de personas se manifestaran contra la política de fusión de hospitales públicos.