Una hora y tres respuestas para seguir sin asumir responsabilidades

El segundo encuentro entre la instructora del «caso ERE», Mercedes Alaya, y la ex consejera de Hacienda y ex ministra Magdalena Álvarez, fue fugaz. Durante una hora, la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ratificó su anterior declaración del 8 de octubre. Álvarez está acusada de malversación y prevaricación por promover el procedimiento de subvenciones sociolaborales. La imputada aseguró que no conoció las objeciones de la Intervención y que la Junta «nunca» planteó dar más agilidad al procedimiento.

Alaya añadió tres cuestiones. Sobre la potestad subvencionadora del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la ex consejera respondió que esta capacidad estaba vigente desde 1987 y para verificarlo «sólo tiene que ver Su Señoría las subvenciones concedidas» desde entonces. Alaya matizó que «previamente a que se concedan subvenciones debe existir el marco legislativo adecuado».

En relación a las transferencias de financiación, la fórmula de la Junta para el pago de las ayudas y que la juez considera ilegal, Álvarez se mostró «en total desacuerdo con el relato de hechos consignado en la referida imputación». Acerca de si las memorias del fondo de 721 millones de los expedientes de regulación de empleo especificaban que la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo ejecutaba el programa, la ex ministra respondió que no estaba detallado.

Magdalena Álvarez relacionó a la Consejería de Empleo con la inclusión de las transferencias de financiación en el anteproyecto de Presupuesto de cada ejercicio, asegurando que ella «no interviene para nada en dicho anteproyecto y simplemente cuando llega a la Consejería de Hacienda se incluye en la estructura de la Ley de anteproyecto del Presupuesto sin modificar nada». Álvarez añadió que «entiende además que no se puede modificar esos anteproyectos porque están grabados en las correspondientes consejerías gestoras». Según la ex consejera, «la propuesta de utilización de la partida 31L y el uso de las transferencias de financiación la incluye la Consejería de Empleo en su anteproyecto de Presupuesto y que sobre el mismo ni posteriormente en la Consejería de Hacienda la declarante tiene la menor competencia». «Esto lo pone en relación con la conclusión 298 del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas donde se establece claramente que la competencia es de Empleo», añadió.

La comparecencia de la vicepresidenta del BEI llega tras la anulación parcial de su imputación por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla, que instó a la juez Alaya a explicar mejor la acusación. De hecho, la magistrada arrancó la testifical recordando que «la imputación ha sido reforzada por auto de fecha 31 de octubre en cumplimiento de lo acordado por la Audiencia». En su respuesta, la magistrada pidió «calma» para poder terminar con «dignidad» el caso que comenzaron a instruir en enero de 2011 «unos pocos incansables». Alaya, en relación a Álvarez, señaló que «fue su ilícita intervención en los hechos y los pasos que la misma dio en connivencia con otros para instaurar el ilegítimo sistema de las transferencias de financiación para la concesión de subvenciones sociolaborales por la Consejería de Empleo, primero a través de las modificaciones presupuestarias y luego a través de la inclusión del sistema en las sucesivas leyes de Presupuestos», la motivación principal de su imputación.

La magistrada entiende, siempre indiciariamente, que «la adopción de este procedimiento al margen de la Ley se iniciaría por la inculpada puesta de acuerdo con otros, en virtud del interés de la Junta de dar mayor agilidad a los procesos de ayudas sociolaborales, pretendiéndose como finalidad básica eludir el control de legalidad que significaba la fiscalización previa de la Intervención en los expedientes de subvenciones, que tantos reparos suspensivos había puesto en expedientes pasados como el de Hijos de Andrés Molina (Hamsa).