Una norma obsoleta que prevé bonificaciones según los ingresos declarados dos años antes

«Esta Consejería está en la obligación de aplicar la normativa en vigor, la cual establece unos criterios de admisión y de bonificación basados en una valoración objetiva de las circunstancias de los alumnos y alumnas, no siendo una finalidad de la norma buscar el beneficio particular ni adaptarse a cada casuística individual que pudiera derivarse de su aplicación». Con esa frase «despachaba» hace unos días la Consejería de Educación la reclamación de una madre que solicitaba la bonificación total de una plaza de educación infantil atendiendo a sus actuales ingresos. En su recurso, la afectada esgrimía lo injusto de una normativa que cruza datos actuales con otros pasados, en lo referente a la renta. Según denunció a LA RAZÓN, sus circunstancias actuales la incluirían dentro de la horquilla de exentos de pago. Sin embargo, la normativa en vigor establece que el cálculo se realice «en base a la Renta Per Cápita (RPC) de la unidad familiar resultante de los ingresos referidos al periodo impositivo inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido a la fecha de presentación de la solicitud, y el IPREM correspondiente al año de la Declaración de la Renta presentada». Traducido implica que para el curso actual se toma como referencia la declaración de 2011. «Tendríamos que poner al día esa norma», lamenta Francisco Mora, presidente de Codapa-Andalucía, que apuesta por la «gratuidad de la educación desde los cero a los dieciocho años». Un objetivo que, admite, «quizá no sea el mejor momento para exigirlo».