Unas oposiciones controvertidas

La Junta va a convocar en los próximos años en torno a 30.000 plazas destinadas prioritariamente a estabilizar las plantillas en servicios básicos, que se mueven en una interinidad que ronda el 20 por ciento. Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, más de 18.000 puestos serán para sanidad y otros 10.000 para educación. La iniciativa no parte de Andalucía, sino del Gobierno, que fue el que deslizó una macro oferta de 250.000 plazas en tres años. No obstante, la Administración central tendrá que ir de la mano con las regiones, ya que son las que ostentan las competencias de las áreas en las que se centra el grueso de la oferta. Sobre este asunto se pronunció la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, este semana en comisión parlamentaria. Montero argumentó que en las pruebas de oposición se primará la experiencia, pero que van a esperar a ver los pasos del Gobierno. El Ejecutivo de Díaz parece que esta vez ha optado por la prudencia y por ceñirse a las líneas que marque Montoro. No siempre ha sido así. La Junta trató de rebasar la tasa de reposición impuesta por el Gobierno en las oposiciones de Secundaria de 2012. El resultado fue nefasto: el Tribunal Constitucional tumbó el proceso tras un recurso del Ejecutivo de Rajoy y miles de opositores dilapidaron meses de estudio.

La convocatoria extraordinaria de plazas para bajar la interinidad hasta un entorno del 8 por ciento no está exenta de polémica y tanto al Gobierno como a las comunidades les convendría andar con pies de plomo. La Constitución reserva los principios de «igualdad», «mérito» y «capacidad» para el acceso a las administraciones, un imperativo reforzado por el Estatuto Básico del Empleado Público y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sería oportuno recordar la sentencia que emitió en su día la Sala Tercera del Alto Tribunal en contra del Real Decreto de 2007 aprobado por Rodríguez Zapatero que permitió a los interinos de educación, según recoge el artículo 61, sustituir la segunda prueba de las oposiciones por un «informe». Se produjo un coladero. Los interinos partían con la máxima nota en la segunda prueba y además éstas no eran eliminatorias. Con un tres en la fase teórica hubo aspirantes que consiguieron plaza. Por tanto, en estos tiempos en los que la Junta propugna la excelencia con la bonificación de las matrículas universitarias a los que aprueban todas las asignaturas –un contradiós si tenemos en cuenta que los nietos de Botín o Amancio Ortega no pagarían ni un duro sólo por obtener un cinco raspado–, es bueno recordar lo que ocurrió hace unos años con el coladero de interinos con notas pírricas. Si esto es buscar la excelencia, pues que venga San José de Calasanz, patrón de la docencia, y lo vea.