Sevilla

Vallejo, en el punto de mira: piden su imputación por la gestión de FIVA

La acusación que ejerce el PP solicita la incriminación de todo el Consejo Rector de IDEA

El ex consejero de la Junta Francisco Vallejo, diputado por el PSOE
El ex consejero de la Junta Francisco Vallejo, diputado por el PSOElarazon

Sevilla- El Consejo Rector de la Agencia IDEA al completo – Jesús María Rodríguez Román, Agustín Barberá Salvador, Isabel de Haro Aramberri, Ángel Garijo Galve, Pilar Rodríguez López, Francisco del Río Muñoz, Juan C. Soriano Hernández y Felipe Romera Lubia–, en calidad de imputados, y el ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, como presidente del ente, «otorgándole el 'estatuto de imputado'» dada «su condición de aforado». El PP estrecha el cerco sobre la cúpula directiva de Invercaria y, en un escrito remitido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla al que accedió LA RAZÓN, solicita que los citados altos cargos sean encartados dentro de la pieza separada sobre Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).

En el caso de Vallejo, el Parlamento de Andalucía ya certificó en junio el aforamiento del ex consejero, un trámite necesario en caso de que el magistrado le impute, con lo que la pieza pasaría al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

FIVA se creó, en teoría, para convertirse en un portal virtual que aglutinara a las pymes andaluzas. El proyecto fracasó sin apenas arrancar y tras haber recicibido millonarias subvenciones públicas. Según reza en el escrito del PP, «el Decreto 26/2007, de 6 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, en su 'Artículo 10. Competencias' establece que al Consejo Rector de IDEA le corresponde», entre otras funciones, «conocer periódicamente la gestión presupuestaria y las actividades de las sociedades participadas por la agencia» y «aprobar, a propuesta de la dirección general, las actuaciones e inversiones de la agencia y sus empresas cuyo compromiso de pago, gasto o riesgo sea superior a 450.000 euros o inferior a 1,2 millones».

El proyecto de FIVA entra dentro de estos parámetros. El Partido Popular, que actúa como acusación, recuerda al juez que Invercaria autorizó actuaciones e inversiones con un compromiso superior sin la aprobación del consejo rector. La participación en capital social de FIVA era de 84.000 euros y se le otorgaron préstamos participativos, a través de la empresa de capital riesgo Invercaria, por 516.000 euros («el 21 de junio de 2007 por 150.000 euros, el 6 de septiembre de 2007 por 150.000 euros, 22 de octubre de 2007 por 150.000 euros y 15 de noviembre de 2007 por 66.000 euros»). «Con conocimiento de la situación económica de FIVA», el consejo rector aprobó por unanimidad –«no constando votos en contra y condicionante alguno a su aprobación»– incrementar hasta los 916.000 euros las actuaciones e inversiones de Invercaria en el citado proyecto.

Tras la exposición de estos argumentos, el Partido Popular requirió al juzgado que llame a declarar como imputados a los participantes y como testigo al secretario.

De considerarse la petición popular, la cúpula de IDEA y el ex consejero Vallejo se unirían a la treintena de altos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía imputados en los distintos frentes judiciales abiertos.

Que Francisco Vallejo forme parte de la nómina de encartados es una posibilidad que el magistrado Juan Gutiérrez Casillas ya ha barruntado, de ahí que en su día preguntara al Parlamento a través de una providencia «con carácter urgente» si «alguno de los asistentes al Consejo Rector de la Agencia IDEA del 27 de mayo de 2008 gozan de la condición de aforados por haber resultado electos en las últimas elecciones al Parlamento y mantienen tal condición en la actualidad». En esos supuestos, se encuentra Francisco Vallejo. La petición sólo tiene sentido de cara a eventuales imputaciones, con lo que la causa separada pasaría a instancias superiores.

La ampliación de la pieza llegaría justo cuando la gestión de la Junta de Andalucía durante una década se encuentra cuestionada desde varios juzgados, en lo que está derivando en una causa generalizada con la Administración como protagonista.