Viaje al pasado con el debate del nuevo modelo de financiación

La presidenta de la Junta retoma el discurso de Chaves de 1997 y alega que hay 220.000 andaluces que están excluidos del sistema

La sesión plenaria de ayer fue la primera después del parón veraniego. La reforma del sistema de financiación y el modelo de Estado centraron un debate en el que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se mueve bien y está cómoda porque delimita claramente su posición no sólo respecto al Gobierno central, sino también frente a la ambiguo concepto de «plurinacionalidad» en el que se ha quedado enredado Pedro Sánchez. En cualquier caso, era difícil no sufrir ayer una suerte de «déjà vu» mientras se escuchaba el relato de los líderes del arco parlamentario. Especialmente el relato de Susana Díaz, quien se quejó en reiteradas ocasiones de que el Ejecutivo central ha dejado a 220.000 andaluces fuera del sistema de financiación, un nuevo argumento para apuntalar el presunto agravio del Gobierno del PP a la comunidad.

El argumento de Díaz es una copia del que utilizaba el PSOE hace justo veinte años, cuando Chaves acusaba a Aznar de excluir a 400.000 andaluces del modelo de financiación 97-2001. El ex presidente de la Junta agarró fuerte la bandera del agravio y no la soltó hasta que Rodríguez Zapatero, tras ganar las elecciones en el año 2004, le liquidó a la comunidad –en plena burbuja económica– 2.500 millones de euros por el desajuste en la financiación. Una cantidad que por cierto cerró previamente el Gobierno de Aznar y a la que se negó la ex consejera de Hacienda Magdalena Álvarez, que sí aceptó la cifra que venía de su compañero de filas. Los 2.500 millones de euros de Zapatero los repitió el PSOE a ritmo de mantra para ilustrar el buen trato del Ejecutivo socialista.

El esquema del debate pivota, por tanto, sobre los mismos elementos que hace dos décadas. Y, al igual que ocurre ahora, la cuestión de la financiación y la configuración del Estado se cruzaron en un viaje de ida y vuelta cuando las comunidades –Andalucía y Cataluña entre ellas– entablaron la carrera competencial en la reforma de sus respectivos estatutos de autonomía. El Diario de Sesiones de la Cámara da buena fe de ello. «Entonces no hubo desmembración de España, entonces no hubo ruptura de la unidad política de nuestro país», respondía Chaves a Teófila Martínez (PP) en junio del año 2005. «Entonces hubo lo que se alcanzó, es decir, lo que quería Aznar a través de dejar a 400.000 andaluces fuera de la financiación autonómica, que fue la mayoría que necesitaba para su investidura. A ese chantaje de Convergencia i Unió ustedes callaron. Entonces, sabe usted, señora Martínez, cuál es mi posición al respecto sobre la financiación y sobre el término nación. Se lo he dicho y lo he dicho en muchas ocasiones. He dicho que tengo mis dudas constitucionales. Creo que el término nación es incompatible con el artículo 2 de la Constitución española. Es la enésima vez que lo repito. Los constitucionalistas tendrán la última palabra».

Esta intervención de Chaves retumbaba ayer en la memoria cuando Susana Díaz aseguraba, en respuesta a Juan Marín, que la comunidad ha perdido más de 5.000 millones de euros por la mala aplicación de un sistema de financiación que sacó adelante precisamente Rodríguez Zapatero en el 2009. No obstante, según Susana Díaz, el problema no reside tanto en quién aprobó la ley como en la implementación de la misma. Y por ello, explicó que hemos caminado hacia una «aplicación a peor para Andalucía», ya que en el año 2009 la diferencia entre la comunidad que ingresaba más y la que menos era de 489 euros por habitante, mientras que en 2015 es de 818. El de 2015 es por cierto el último modelo liquidado. Y tras la liquidación Andalucía ha recibido 1.237 millones de euros extra. Este dato lo obvió la jefa del Ejecutivo andaluz.

Juan Marín reclamó, como también han hecho otras formaciones, que la comunidad establezca mecanismos de control del gasto porque no se trata –según adujo– sólo de disponer de más recursos a través de un nuevo modelo de financiación, sino de emplear los recursos adicionales en materias prioritarias como educación, sanidad y servicios sociales. Marín pidió asimismo una armonización fiscal que entrañe la corrección del error de salto del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, tal y como ha corroborado el grupo de expertos que ha trabajado sobre el modelo de financiación. En concreto, lo que pide Cs es la exención del impuesto de sucesiones a las herencias de hasta un millón de euros. Susana Díaz se encontró con Marín en el discurso de la bajada de impuestos. Su línea roja es que no comprometa la prestación de servicios públicos. Pero no bajó a las cifras ni dio señales sobre la aceptación de la propuesta sobre sucesiones de Cs, que es la llave para cerrar el acuerdo de los presupuestos para 2018. En una línea diametralmente distinta se situaron sin embargo los líderes de Podemos y de IU, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, respectivamente, para quienes la Junta entra en una contradicción al tratar de bajar impuestos –un «agujereo» fiscal en palabras de Maíllo– mientras pide más dinero al Gobierno. «Esa bajada de impuestos –deslizó el jefe de filas de IULV-CA– debilita la tensión a nivel nacional que debe mantener Andalucía».

Díaz abundó en remachar su postura sobre el modelo de Estado. Y de nuevo volvió a primer término de la escena el ya citado debate entre Chaves y Teófila Martínez de junio del 2005. La presidenta de la Junta se declaró tan andaluza como española y se ciñó al artículo 1 de la Constitución que alude a que la soberanía nacional reside en el pueblo español. No obstante, entre líneas, la jefa del Ejecutivo andaluz volvió a lanzar a Pedro Sánchez –sin citarlo– el órdago que ya le dirigió en el Congreso regional del PSOE-A de finales de julio, cuando le pidió que no la hiciera elegir entre su lealtad como secretaria general y como presidenta de la Junta. «Me han votado como presidenta de la Junta para defender los intereses de los andaluces, no los del PSOE», señaló ante las críticas de Juan Marín sobre las diferentes posturas del Partido Socialista en cada territorio.