Vitalia contrató administrativas llegadas «de la mano» de Guerrero

Sevilla- La cárcel parece ser para Francisco Javier Guerrero un lugar donde apreciar lo inadvertido. De libros que leer, charlas que entablar con sus pobladores, entre ellos Juan Lanzas, y rayos de sol de patio. Tras salir de prisión por segunda vez el pasado miércoles, el ex director general de Trabajo mostró de nuevo ante los medios una de sus facetas: la del hombre mundano, la persona «jovial» por la que se tiene. Pero posee otra: la de supuesto delincuente, uno de los epicentros de la trama de los ERE, según los investigadores y la instructora de la causa, la juez Mercedes Alaya. Para la UCO de la Guardia Civil, su despacho en la Dirección General es un escenario fundamental del caso por su influencia, no sólo en la Junta, sino también en otros protagonistas. Entre ellos, y según queda de manifiesto en el acta de la declaración de la testigo María Soledad Cruz Acosta, en Vitalia. Preguntada por los agentes cuándo comenzó la relación laboral entre la consultora y la Junta, ésta manifiesta que «cree que en 2002 pasaron de tres o cuatro asuntos, a tener que comprar archivadores y armarios porque se multiplicó el trabajo a raíz de comenzar a trabajar» con el Gobierno andaluz. Es más, añade que incluso «se contrató» a administrativas, algunas de las cuales, habrían llegado, «al parecer, de la mano del propio director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero». Cruz Acosta, quien figuró como apoderada en la mercantil Holding Europeo Tindex, de Vitalia, cuantificó en «hasta un 75%» lo que suponía para la mediadora esa relación en el volumen del negocio en «el sector de vida».