Vitalia hacía «varios pagos» al año a los sindicatos por orden de la dirección

Solicitan una fianza civil de 11 millones para los juristas del despacho que «lavaba» el dinero.

No existía una relación «periódica» con los sindicatos aunque anualmente «sí se les realizaban varios pagos». La juez de Instrucción número 6 de Sevilla estrecha el cerco sobre las plataformas sindicales en el «caso de los ERE» fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía y con ramificaciones diversas. La responsable del departamento de contabilidad de Vitalia, Olga Pascual –imputada por los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales y que tendrá que comparecer periódicamente en los juzgados–, corroboró ayer los ingresos efectuados, sin aclarar en concepto de qué se realizaban. Según declaró, el ex directivo de Vitalia Eduardo Pascual –aún en prisión por estos hechos– era quien «daba las instrucciones».

La magistrada también tomó declaración a Eva María Domínguez, la que fuera secretaria hasta 2005 del ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín, quien quedó en libertad tras pagar 600.000 euros de fianza.

Varios abogados presentes en la sala informaron de que Domínguez ha sido imputada por los delitos de falsedad, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por la facturación de las pólizas que tramitó Vitalia a través de Permar 21. Según la encartada, los sindicatos «no frecuentaban» la sede de Vitalia y aseguró ignorar si las plataformas sindicales facilitaban información sobre empresas en crisis, informó Europa Press.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación que ejerce la Junta de Andalucía solicitaron una fianza de responsabilidad civil de 11 millones de euros para dos letrados del despacho Estudios Jurídicos Villasís, en el que trabajó el «conseguidor» de los ERE Juan Lanzas y que, según la juez, sirvió de «centro de lavado» de las comisiones de este último, considerado uno de los ejes en la trama de las prejubilaciones falsas y las ayudas fraudulentas. Sobre los abogados José Luis Leal Bonmati y Alfredo Jiménez pesan las mismas imputaciones que sobre su socio, el abogado Carlos Leal Bonmati, quien quedó libre tras el pago en el acto de una fianza de 150.000 euros. Los ocho delitos de los que se les acusa son prevaricación, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho, asociación ilícita y malversación impropia.

José Luis Leal –que fue detenido en marzo en la primera fase de la «operación Heracles– defendió durante los 90 minutos que se prolongó su declaración que era su hermano Carlos Leal Bonmati quien «lo llevaba todo».

José Luis Leal y Alfredo Jiménez sostuvieron que Juan Lanzas era sólo «un colaborador» del despacho, dedicado «a la captación de clientes». Según los imputados, con el «conseguidor» existía «una relación mercantil, pero no laboral». La juez de Instrucción número 6 recordó que el ex sindicalista de UGT «se dio de alta» en Estudios Jurídicos Villasís «entre los días 18 y 28 de febrero de 2011, teniendo asignado un sueldo de 22.000 euros al año».

Durante la comparecencia para solicitar las medidas cautelares, la Fiscalía Anticorrupción cifró en unos 25 millones el volumen de las operaciones en el que habría intervenido Estudios Jurídicos Villasís. Considerando que José Luis Leal y Alfredo Jiménez poseen un tercio del bufete, el Ministerio Público solicitó una fianza de responsabilidad civil de 11 millones, incluyendo el tercio legal establecido. La Junta de Andalucía se sumó a la petición.

Finalmente, la mujer de Carlos Leal, María Antonia Carrasco, se acogió a su derecho a no declarar. Alaya le imputó los delitos de malversación, cohecho, asociación ilícita y contra la Hacienda Pública.