...y el PSOE quiere que las medidas de transparencia lleguen a la Casa Real

Para el PSOE, la Casa Real no es todo lo transparente que debiera. Quiere que la nueva ley que regulará el acceso a la información de los ciudadanos –compromiso del Gobierno central y del autonómico– implique también a la Casa Real. Es el ejemplo que puso ayer el portavoz del Grupo Socialista en la Cámara andaluza, Francisco Álvarez de la Chica, que justificó su petición en que «ninguna institución esté a salvaguarda de la transparencia, incluida la Casa Real, en la medida en que es una institución que dispone de fondos públicos».

El planteamiento del PSOE va más allá. Sobre la previsible colisión de la ley de transparencia con la de protección de datos, de la Chica abogó por que la segunda no sirva de «impermeable» de la primera, lo que opodría «decepcionar a la gente». En la práctica, esto sucede muy a menudo. La administración, entre ellas la Junta de Andalucía, no facilita información detallada de muchas de sus actividades argumentando que vulneraría la ley de protección de datos. Este extremo es habitual cada vez que la oposición reclama la consulta de expedientes de subvenciones o se solicitan, por ejemplo, detalles sobre los altos cargos que han cobrado cesantías una vez que han dejado su puesto en la Administración andaluza.

El Grupo Socialista defenderá una Proposición No de Ley en el Pleno de la semana que viene en la que se insta a la Junta a recoger, en la futura ley de transparencia andaluza, los requerimientos establecidos en el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos del año 2009, y que el Gobierno central también lo suscriba.