Zarrías pretende desarmar el «caso ERE» con un batallón de testigos

Pide que declaren once personas, entre ellas tres ex presidentes del Parlamento o Francisco Reyes, y acusa al juez de incumplir la ley

El largo brazo del «caso ERE» alcanzó al ex vicepresidente de la Junta y ex secretario de Estado, Gaspar Zarrías. El juez Álvaro Martín lo acusa en el ámbito de la pieza política, la centrada en el procedimiento por el que se repartió el dinero, de prevaricación y de asociación ilícita, esto último a petición del PP, pero el ex alto cargo sostiene que su comportamiento «no es constitutivo de delito alguno». Así lo reitera en un profuso escrito de defensa de 34 páginas en el que pide al juzgado que acuerde su libre absolución y que se tome declaración como testigos a 11 personas del ámbito institucional y político. Un pelotón testifical con el que pretende desarmar la causa antes de sentarse en el banquillo.

Para arrancar, la representación procesal de Zarrías reitera su «protesta» por el hecho de que el magistrado concediera un plazo de 45 días a las acusaciones para formular sus escritos –que realmente fueron 78, o incluso 137, si se cuentan desde el auto de incoación de procedimiento abreviado, matiza–, pero se negara a dar a las defensas más de 30 días naturales para armar su parte. Luego, anuncia que si no prospera su recurso de apelación contra la mencionada resolución de incoación, al inicio del juicio oral planteará diversas cuestiones previas que incluirán al menos la «nulidad» del auto de apertura de juicio oral del pasado 3 de noviembre –en el que se suma la asociación ilícita– y de la providencia del 14 de ese mes, que fijan los polémicos plazos desiguales; así como de la resolución de 25 de noviembre en la que Martín desestimó, «con vulneración de las normas procesales», el incidente de nulidad que planteó el investigado. En este punto, la defensa de Zarrías acusa al juez de haber infringido «manifiestamente la ley», que obliga a dar previo traslado a la Fiscalía y al resto de las partes por término de cinco días, «cosa que el juez no hizo».

Entienden que la «macrocausa» se ha dirigido a «revisar la política de la Junta en la concesión de ayudas sociolaborales a los miles de trabajadores afectados por un ERE», empleados que, «de prosperar la acusación, habrán de devolver lo recibido», avisan. En ese escenario, apuntan que la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia ya acreditó en junio de 2015 que el ex alto cargo «no ha dictado ni una sola resolución relativa a ayudas sociolaborales» a favor de esos operarios ni de empresas en crisis, por lo que no es «el autor de las resoluciones cuestionadas», se sostiene en el texto. Y se añade que otro de los reproches judiciales que se le hace a Zarrías es el de haber votado a favor, como miembro del Consejo de Gobierno, de determinadas modificaciones presupuestarias, a lo que alega que era algo «completamente rutinario» dentro de ese órgano, hasta el punto de que entre 2000 y el 2012, se elevaron a aquél «más de un millar de modificaciones presupuestarias». De hecho, «de puro rutinario» que era esa operación, las modificaciones «no eran siquiera sometidas a debate», según Zarrías, quien afirma que todas contaron con «un dictamen favorable de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA)» y de la Dirección General de Presupuestos. Además, una vez acordadas, «eran trasladadas a la Mesa del Parlamento de Andalucía, dado el rango de la ley de la normativa presupuestaria», lanza.

En cuanto a su papel en el Consejo de Gobierno, el ex vicepresidente deja claro también en su escrito que la Intervención «nunca advirtió a nadie de la supuesta ilegalidad del procedimiento empleado», pese a que «supo lo que hacía el IFA –caja pagadora– con el dinero y a qué lo dedicaba (ya lo sabía desde que informaba las modificaciones presupuestarias) y jamás informó de ninguna ilegalidad delictiva ni del riesgo de menoscabo para los fondos públicos». De hecho, recuerda que el ex interventor general, otro de los imputados Manuel Gómez, «se negó una y otra vez a vincular el uso de un procedimiento que él consideraba indebido con la existencia de un menoscabo de fondos públicos» en el juzgado sevillano y en el Supremo, hasta donde llegó la causa por haber aforados implicados entonces. Al hilo de esa negativa, la representación de Zarrías se pregunta que si Gómez enmarcó ese debate en una mera «controversia contable» y las leyes de Presupuesto contemplaron durante una década la figura de la transferencia de financiación para «allegar» fondos al IFA y que éste otorgara ayudas, por qué su cliente «iba a ser consciente de que se estaba cometiendo un delito».

Para apoyar sus tesis, solicitan al juzgado, y en última instancia a la Audiencia de Sevilla, un rosario de diligencias de prueba que incluye la declaración del propio Zarrías y la de los 11 testigos. Entre éstos incluye a los ex presidentes del Parlamento Manuel Gracia, Javier Torres Vela y Fuensanta Coves; al ex consejero de Obras Públicas Luis García Garrido; el ex viceconsejero de Igualdad, ex secretario general técnico de Presidencia y ex secretario de la Comisión General de Viceconsejeros José María Oliver; a los ex miembros de la Cámara de Cuentas nombrados por el PSOE Antonio Marmolejo y Francisco J. Romero y al ex consejero mayor –presidente– de esa entidad de 1996 a 2011, a propuesta del PP, Rafael Navas; a la ex diputada autonómica, portavoz de la Comisión de Hacienda y Presupuestos y ex secretaria general de Relaciones con la Cámara Antonia Moro; al diputado en el Congreso, ex parlamentario regional y ex miembro del gabinete del consejero de Presidencia Felipe Sicilia; y al presidente de la Diputación de Jaén, secretario general del PSOE jiennense y ex delegado de la Junta, Francisco Reyes. La Audiencia decidirá si admite esta batería.