Al menos cien personas se incorporan cada mes a las listas de la Dependencia

Mujer que vive en un pueblo y con una gran dependencia o dependencia severa. Éste es el perfil que predomina entre las 113.000 personas que, desde 2007, se han beneficiado de las prestaciones a la Dependencia en Castilla y León. Actualmente son algo más de 62.100 los que están recibiendo alguna de las ayudas previstas, y según la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, el sistema en estos momentos está «estabilizado», con unos incrementos de entre 100 y 150 nuevos usuarios al mes.

De los 62.108 beneficiarios, dos mil más que en 2011, el 46,5 por ciento (28.912 ciudadanos) eran grandes dependientes (grado III); el 40,8 por ciento (25.330), dependientes severos (grado II), y el 12,7 por ciento restante (7.866), moderados (grado I). A fecha 1 de diciembre del pasado año, había en nuestra Comunidad 2.888 personas con el derecho reconocido y pendientes de percibir las prestaciones, el 4,44 por ciento de los 64.996 dependientes reconocidos, un porcentaje 15,5 puntos inferior a la media nacional, con un 23 por ciento de personas en lista de espera. Este dato sitúa a Castilla y León como la comunidad autónoma con menos gente pendiente de recibir los servicios o ayudas económicas que les corresponden. Además, es la región que cuenta con más beneficiarios con prestaciones en relación a su población, con el 2,43 por ciento, frente a la media nacional del 1,63 por ciento, seguida por Cantabria (2,38 por ciento), La Rioja (2,31 por ciento) y Andalucía (2,29 por ciento), según datos del Imserso.

La consejera de Familia hace, en general, una valoración positiva de lo que han sido estos cinco primeros años de aplicación de la Ley de Atención a la Dependencia. Sin embargo, Milagros Marcos insiste en reclamar al Estado que lleve a cabo una simplificación de los procedimientos de gestión y de información, «porque los actuales -dice- son muy complejos», y señala que Castilla y León es partidaria de focalizar todos los esfuerzos hacia la concesión de prestaciones y no perder esfuerzos con burocracia.

Asimismo, la consejera recuerda que de cada cinco euros que se gastan en el sistema, cuatro los pone la Administración autonómica y uno el Gobierno de la nación, «algo que debe cambiar porque el compromiso era financiarlo a partes iguales».