C’s urge a asumir las competencias sanitarias en las cárceles de la Región

Advierte de que la Administración Penitenciaria no puede hacer frente a todas las prestaciones.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos urge a la Junta de Castilla y León a que inicie de forma inmediata la negociación con el Gobierno central para la asunción de las competencias de atención sanitaria en los centros penitenciarios de la Comunidad. La atención primaria a los reclusos se presta en los centros penitenciarios, pero la especializada y los ingresos se realiza en los hospitales de Sacyl, asistencia por la que facturan a instituciones penitenciarias. Esta administración ha recurrido al considerar que debe ser gratuita para internos con régimen en la Seguridad Social. Y es que a fecha de 30 de junio, adeudaba por ese concepto 1.937.448 euros, según datos de la Consejería de Sanidad.

El portavoz de Sanidad de Ciudadanos en las Cortes, Manuel Mitadiel, advierte de que la Administración Penitenciaria no puede hacer frente a todas las prestaciones y considera que esa situación repercute de forma negativa y condiciona la asistencia que se ofrece a las personas reclusas frente al sistema ordinario. Asimismo, apela al cumplimiento legal para contar con esas competencias en la proposición no de ley que ha presentado, y recuerda que es un asunto pendiente desde 2003, cuando se recogió en la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Además, Mitadiel avisa de que la Comunidad «no está» para asumir más servicios sin financiación. Sin embargo, desde el PP apuntan que la asistencia sanitaria es la correcta, dado que en las cárceles se ofrece la atención primaria y en los hospitales de Sacyl la especializada, con módulos en los complejos hospitalarios, que se factura a instituciones penitenciarias. Mientras que en Podemos comparten las deficiencias y han presentado una batería de preguntas a la Junta, como quién tiene que pagar los tratamientos de antivirales y otros medicamentos, el número de presos a los que se ha realizado pruebas de Hepatitis C, el número de especialistas que pasan consulta en las prisiones o el pago de servicios.

Sobre este asunto, al no tener asumidas las competencias, la Junta dice que no dispone de información sobre el número de personas internas en instituciones penitenciarias afectadas por el virus de la hepatitis C, ni de los reclusos que hayan podido fallecer por la enfermedad.