Castilla y León toma la delantera en la salvación del Medio Ambiente

Castilla y León ha querido tomar la delantera en dar participación a la comunidad científica en la evaluación de algunos proyectos para salvar el Medio Ambiente. Así lo defendió el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, durante la Conferencia Sectorial, celebrada en Madrid.

Durante su intervención, Silván se mostró partidario en una Ley de Evaluación Ambiental que contribuya a configurar un texto que resulte accesible y seguro jurídicamente para todos sus sujetos a los que va dirigido.

Asimismo, indicó que la prioridad es que el documento apueste por la racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos para garantizar una mayor calidad en la prestación de los servicios públicos.

El responsable regional de la cartera de Fomento y Medio Ambiente afirmó que en la nueva ley se unificarán, simplificarán y racionalizarán los procedimientos de evaluación ambiental aplicables, permitiendo el paralelismo con otros similares que sólo difieran en el marco de aplicación, genérico, en planes y programas.

De esta forma, según explicó el consejero, se conseguirá acortar plazos de tramitación, reduciendo las cargas administrativas que soportan los promotores y evitando diferencias en los niveles de exigencia ambiental de las autonomías. Además, consideró que esta medida se contribuirá al desarrollo socioeconómico, al reducir las cargas, simplificar el procedimiento y dar una seguridad jurídica al promotor.

Además, Silván reclamó que se tenga en cuenta la especificidad de determinadas iniciativas como las repoblaciones forestales y las forestaciones, ya que se tienen que considerar como instrumentos que suponen una mejor utilización del medio natural.

La idea, según el consejero, sería reducir la casuística de las evaluciones de impacto ambiental a casos relevantes con el objetivo de no alargar el trámite administrativo, ya que retardaría la ejecución de los proyectos ambientalmente deseables o, incluso, podría disuadir a los promotores a realizar estas actividades, lo que «iría en detrimento de una de las finalidades, como es la de incrementar las superficies arboladas».

Por último, Silván anunció que en sintonía con el proyecto de Ley del Gobierno central, y condicionado a su aprobación, las Cortes de Castilla y León darán luz verde, previsiblemente este año, la modificación de la norma 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental que adecua la evaluación de impacto ambiental de proyectos a la normativa básica estatal.