Crecen los problemas psicológicos y los discapacitados mentales sin diagnóstico

Las cifras son contundentes. Y es que, en Castilla y León hay más de 22.000 discapacitados mentales reconocidos, pero, a ellos hay que sumar en torno a diez mil más que se encuentran sin diagnosticar y, lo que es peor, sin recibir ningún tipo de tratamiento. Pero, hay más: los problemas psicológicos y mentales constituyen ya el 30 por ciento de las consultas que atienden nuestros médicos de cabecera, de manera que las asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental piden que haya una mejora en los tratamientos, pero sobre todo que se haga un esfuerzo para diagnosticar, de manera precoz, cada problema y se pueda llevar a cabo una intervención temprana. Porque dos de cada diez menores sufren algún tipo de trastorno mental y muchos no se identifican, por lo que apenas un 20 por ciento son bien tratados.

A ello cabe sumar que la esperanza media de vida de las personas con enfermedad mental se reduce en 20 años frente al resto de ciudadanos debido al deterioro físico, el estrés acumulado y las evoluciones de la enfermedad, según reflejaba el doctor Martín Vargas, jefe de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Segovia, quien apuntaba que el envejecimiento de ese colectivo tiene consecuencias en el desarrollo personal, en la autonomía y en el tratamiento social.

Mayor implicación

¿La solución a todo esto? Pasa por la rehabilitación, la reinserción, la atención integral, el ámbito comunitario y la palabra persona antes que la enfermedad, tal como considera un colectivo que también se ha visto afectado por los ajustes presupuestarios. Desde la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Castilla y León (Feafes), su presidente, Jesús Corrales, insisten en la necesidad de dotar a los hospitales castellano y leoneses de más psiquiatras, más psicólogos, trabajadores sociales y personal especializado en adaptar los servicios de salud mental a las necesidades del pacientes, de cara a rebajar ingresos involuntarios.

Un tratamiento integral que valore todas las medidas terapéuticas posibles -psicoterapia, rehabilitación o farmacología- de cara a que el paciente se rehabilite, lo que supondrá también un ahorro en gasto público ulterior para el sistema público de salud de Castilla y León.