Cuatro de cada diez mayores de 16 años en la Comunidad viven del erario público

En los últimos años ha crecido un 5 por ciento por los nuevos pensionistas y los desempleados.

La Razón
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En los últimos años ha crecido un 5 por ciento por los nuevos pensionistas y los desempleados.

Cerca de 900.000 castellanos y leoneses, en concreto 886.756, vive del erario por lo que tienen como principal o única fuente de ingresos el sector público, ya sea del Estado, la Junta de Castilla y León, las diputaciones o los ayuntamientos. Son un 5,1 por ciento más que al inicio de la crisis económica en 2008 gracias al incremento del número de pensionistas, los desempleados que cobran el paro y los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación social que se puso en marcha en 2010 para las personas en situación o en riesgo de exclusión. A ellos, hay que sumar los beneficiarios de pensiones no contributivas y asistenciales y los empleados públicos que es el único colectivo que ha caído un 6,5 por ciento.

El grueso de las nóminas vinculadas a las arcas públicas en la Comunidad corresponde a las pensiones que suman 605.278, seguido del personal de las diferentes administraciones (161.774) y los beneficiarios de prestaciones por desempleo (78.928), sin olvidar las pensiones no contributivas y asistenciales y los que cobran la renta garantizada, hasta sumar 886.756 personas, según los datos recabados por la Agencia Ical. Un número que supone el 42 por ciento del total de mayores de 16 años en la Comunidad.

Castilla y León cuenta, en la actualidad, con 27.145 pensionistas más que en 2008. Es un 4,7 por ciento más pero el incremento se dispara al comparar el importe de las nóminas que cada mes tiene que desembolsar el Instituto Nacional de Seguridad Social. Frente a la cuantía media de 695 euros del total de las pensiones existentes al inicio de la crisis se ha pasado a los 886 euros. Son 191 euros de más.

Además, la Seguridad Social se hace cargo de las pensiones de incapacidad permanente (45.028), viudedad (157.437), orfandad (19.822) y favor de familiares (3.685). A ellas hay que sumar los 22.128 castellanos y leoneses que, a finales de 2015, cobraba una pensión no contributiva, que se repartían entre los 12.488 con derecho a jubilación y los 9.788 de invalidez.

Se trata de pensiones reguladas por ley que buscan asegurar a todos los ciudadanos en situación de jubilación o invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios.

Otro de los colectivos que percibe su «paga» del Estado son los beneficiarios de una prestación por desempleo en la Comunidad. Ahora, suman 78.928 personas, un 15,3 por ciento más en comparación con los registrados en 2008 y un 46,5 por ciento más que en 2007. El número engloba tanto a los perceptores del paro, también conocido como nivel contributivo (32.651), como a los de nivel asistencial que cobran el subsidio (36.559). También están los que reciben la renta activa de inserción (9.012) y los incluidos en el programa de activación para el empleo (706).

El único colectivo que ha perdido efectivos durante la recesión es el de los funcionarios y el personal empleado en la administración pública. Frente a los 173.026 contabilizados a principios de 2009 se ha pasado a los 161.774, según el Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a fecha de enero de 2016. Supone un descenso del 6,5 por ciento. Solo la Junta de Castilla y León ha logrado contener en ese periodo esa caída, con un descenso del 3,6 por ciento (frente a las bajadas considerables del 8,5% en los ayuntamientos y las diputaciones, del 9,5% en las universidades y del 10,2 por ciento en la administración central.