El Estatuto de los Altos Cargos se enquista y los grupos se emplazan al próximo martes

El proyecto de Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración autonómica, que tenía que haberse debatido hoy en la segunda sesión plenaria de las Cortes, sigue enquistado tras el informe de los servicios jurídicos de la Cámara que detectaron algunos fallos que pueden vulnerar la legalidad y provocar en el futuro que la norma pueda ser recurrida.

El proyecto de Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración autonómica, que tenía que haberse debatido hoy en la segunda sesión plenaria de las Cortes, sigue enquistado tras el informe de los servicios jurídicos de la Cámara que detectaron algunos fallos que pueden vulnerar la legalidad y provocar en el futuro que la norma pueda ser recurrida.

Los miembros de la ponencia que ha trabajado en la tramitación de este proyecto de Ley se reunía ayer en las Cortes para tratar de avanzar en este tema, si bien las discrepancias entre los grupos se mantienen, y todos ellos han acordado emplazarse a una nueva reunión el próximo martes para mejorar técnica y jurídicamente el documento.

En el PP, su portavoz, Juan José Sanz Vitorio, aseguraba ayer que su grupo está abierto a incluir modificaciones en el proyecto de Ley e incluso apuntaba que se está negociando con los partidos que se puedan incluir algunas enmiendas que corrijan algunas de las objeciones detectadas por los letrados de las Cortes.

Es el caso, por ejemplo, de la necesidad de hablar de condenados por sentencia firme para limitar la elección o destitución de los altos cargos y evitar que se pueda vulnerar la presunción de inocencia, o la fórmula de participación popular en las iniciativas que presenten los ciudadanos en las Cortes regionales.

Ciudadanos defiende el proyecto y ve bien que se incluyan enmiendas que se adapten a las recomendaciones de los letrados, mientras que tanto Podemos como Grupo Mixto no entienden las prisas por aprobar el proyecto y reclaman más tiempo para analizar el contenido. Los socialistas, por su parte, consideran que algunas cuestiones son materia de reforma estatutaria e insisten en defender sus enmiendas de calado político para dar el visto bueno al documento.