El Gobierno Herrera destina 200 millones para investigar y avanzar en tecnología

El presidente responde al PSOE que las instalaciones de unidades de radioterapia se basan en el criterio médico

Unos 200 millones para impulsar la investigación y el sector científico de Castilla y León. Éste fue el anuncio del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en las Cortes regionales, ante la pregunta del portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo indicó que los Presupuestos Autonómicos para 2017 contarán con esta partida para poner en marcha una ambicioso programa para paliar los recortes que se produjeron en esta materia en los años «más duros de la crisis».

Y es que, según recordó Herrera al dirigente podemita, en esa época el Gobierno regional tuvo que «elegir» entre mantener los servicios básicos o seguir invirtiendo al mismo nivel en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), lo que provocó que la Junta dedicara «más esfuerzos» a la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales.

Por su parte, Pablo Fernández aseguró que el modelo de I+D+i de la Junta «ha fracasado» y señaló que es un «embuste», un «engaño» y una «filfa», ya que según denunció que de media en los últimos años sólo se ejecuta un 15 por ciento de los fondos previstos en los planes aprobados.

Herrera censuró que el líder de Podemos critique en sede parlamentaria los ajustes en los grandes servicios públicos y a continuación los realizados en ciencia y tecnología.

Por otra parte el presidente de la Junta respondió a las críticas de la bancada socialista sobre la instalación de unidades de radioterapia. Al respecto, Herrera indicó que «no es cuestión económica, sino a criterios médicos y a la garantía en la atención sanitaria».

El portavoz socialista, Luis Tudanca, afirmó que «no sólo es una necesidad, sino una demanda mayoritaria», recordó el portavoz socialista, y censuró que de las ocho capitales de provincia españolas que no disponen de una unidad de este tipo, cuatro están en Castilla y León.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico defendió que su Gobierno no hace «oídos sordos» a la petición de los ciudadanos, pero tampoco al criterio de los especialistas, expertos y científicos que aseguran que, entre otras cosas, una mayor dispersión de este servicio supondría una pérdida de eficacia y menor accesibilidad a las mejoras, al tiempo que los científicos evidencian una relación entre la mortalidad y morbilidad con el volumen de actividad. «No es una cuestión económica, sino de asistencia sanitaria», reiteró.

«Empujones» de Cs

Por otra parte, Herrera agradeció a «Ciudadanos» los empujones que ha dado al a Junta en su acción de gobierno.

Asimismo, afirmó que entre los retos para los dos próximos años que restan de legislatura están el lograr el millón de ocupados en 2020 y el seguir mejorando la Sanidad y la Educación.

Por su parte, el portavoz de la formación naranja, Luis Fuentes, reclamó medidas eficaces para luchar contra la despoblación, «que continúa siendo el gran drama de los jóvenes», y pidió al presidente «compromiso, ambición y determinación».

Fuentes, además de reconocer avances, argumentó que también es necesario poner el acento en la Sanidad y en el empleo y, en materia de regeneración política, pidió que el PP no ponga trabas a las comisiones de investigación que se están llevando a cabo en el Parlamento autonómico para ofrecer más claridad, informa Ical.

Garantizan la transparencia en las elecciones agrarias

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, garantizó la transparencia en las elecciones a cámaras agrarias tal y como recoge la Ley Agraria de Castilla y León. Así lo señaló en la respuesta a una pregunta oral formulada por el procurador del Grupo Parlamentario Socialista Juan Luis Cepa, quien acusó a la Junta de convertir esta cita electoral en «una mera consulta». La consejera explicó que el proceso electoral solo es aplicable, según la norma estatal, a las elecciones a diputados o en las corporaciones locales y no es de aplicación a este tipo de organizaciones y el Ejecutivo autonómico no puede regular contra las sentencias y ha de sujetarse a la normativa nacional. «La transparencia está garantizada, no nos preocupa el voto por correo o diferido de los representantes de las entidades camerales», subrayó Milagros Marcos.