Castilla y León
El PSOE denuncia que Castilla y León está a la cola en la lucha contra la pobreza energética
Ana Sánchez reclama una normativa estatal para combatir este problema.
Ana Sánchez reclama una normativa estatal para combatir este problema.
El PSOE de Castilla y León ha denunciado que Castilla y León está a la cola de España en lucha contra la pobreza energética, al ser la comunidad autónoma que menor partida presupuestaria destina a esta materia, y ha reclamado una normativa estatal que regule las medidas para combatir este problema.
La vicesecretaria de Organización del PSCyL-PSOE y procuradora regional por Zamora, Ana Sánchez, ha lamentado que Castilla y León esté a la cola en el mapa de inversión contra la pobreza energética y ha presentado una batería de medidas que propondrán en el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León.
Ana Sánchez ha indicado que Castilla y León y Murcia son las dos comunidades autónomas que ni siquiera tienen recogida en los presupuestos autonómicos la lucha contra la pobreza energética y ha contrapuesto esa situación a la de comunidades como Andalucía o Valencia, donde sí hay partidas presupuestarias.
A su juicio, al no existir una ley estatal, cada comunidad autónoma aporta el dinero que cree preciso para combatir este problema social.
Ana Sánchez ha desgranado asimismo una propuesta del PSOE que se llevará al próximo pleno del Parlamento autonómica y que incluye trece requerimientos para que la Junta de Castilla y León se los formule al Gobierno de España en relación a la subida de las tarifas eléctricas y la lucha contra la pobreza energética, informa Efe.
En concreto, los socialistas han reclamado un «pacto de Estado» que permita dotar de estabilidad a la política energética, una auditoría independiente para conocer el coste real de la producción eléctrica y una reforma del mercado eléctrico y del sistema de fijación de precios para «acabar con los abusos».
Respecto a quienes no tienen ingresos suficientes para abonar el recibo de la luz, la procuradora regional socialista y vicepresidenta de las Cortes ha solicitado que se prohíba la interrupción del suministro por impago a los hogares vulnerables y que se publiquen trimestralmente los datos de hogares a los que se corta la luz o el gas. Ha pedido además una tarifa «asequible y progresiva según los niveles de renta» para los hogares en situación de vulnerabilidad y ha abogado por requerir al Gobierno de España a «impulsar e incentivar» la producción de energía eléctrica con carbón autóctono.
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