La actividad del Consultivo se dispara y Silvia Clemente propone reformarlo

La actividad del Consejo Consultivo de Castilla y León se ha disparado el pasado año, con la aprobación de un total de 571 dictámenes, lo que supone un 11,6 por ciento más que en 2016, con una media de 13,1 días, siete menos de lo que obliga la Ley en nuestra Comunidad. A estos, hay que sumar los 121 requerimientos por valor de 485 millones de euros que ha resuelto el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarccyl), un 32 por ciento más que el año anterior.

Este aumento de dictámenes tiene que ver también con el incremento de la demanda de peticiones de consulta por parte de las entidades locales. En concreto, el 55 por ciento de todos los dictámenes aprobados (316) fueron solicitudes que emanaron de los ayuntamientos de la Región, con especial hincapié los consistorios de Valladolid y León, gobernados por Óscar Puente y Antonio Silván, que recabaron 39 y 33 informes respectivamente. «Estos datos ponen de manifiesto la cercanía y proximidad que ha desarrollado el Consejo Consultivo en estos años», destacaba su presidente, Mario Amilivia, durante la presentación de la Memoria 2017 de este órgano de consulta, ayer en Zamora.

Un informe, en el que se recoge también un notable incremento de las consultas sobre responsabilidad patrimonial, que pasaron de las 359 de 2016 a las 438 del pasado año, lo que supone un aumento del 22 por ciento, que alcanzaron los 31,8 millones de euros. Entre ellas, Amilivia apuntaba que las reclamaciones por particulares disconformes con asistencias recibidas en el ámbito sanitario acapararon gran parte de ellas, hasta un total de 140 y 12 millones de euros de valor.

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, asistía a la presentación de este documento, y dado el aumento de la actividad que registra año tras año el Consultivo, planteaba la posibilidad de reformarlo para que así pueda hacer frente mejor a esta mayor carga de trabajo que soporta.

«Con su renovación, este Consejo de Estado de la Comunidad podría seguir manteniendo la eficaz labor que desempeña así como seguir garantizando la imparcialidad de la que disfruta», decía Silvia Clemente, quien ponía en valor las nuevas competencias en contratos de obras y concesiones administrativas de servicios de que dispone el Consultivo debido a la nueva normativa de contratos aprobada en las Cortes esta legislatura.

Respecto al Tarccyl, Mario Amilivia destacaba también la rapidez con la que resuelve los asuntos, ya que lo hace en una media de 23,6 días hábiles desde su admisión a trámite, así como la «escasa litigiosidad», con solo nueve casos en los que se recurrió a la jurisdicción contenciosa.

El grado de seguimiento continúa al alza

Otro de los aspectos que destaca la Memoria 2017 es el grado de seguimiento que hacen las administraciones consultantes de las resoluciones emitidas, lo que se conoce como auctoritas del Consultivo, que alcanzó el 95,79 por ciento de los casos. Tres de cada cuatro dictámenes aprobados (429) coincidieron con la propuesta administrativa y el sentido del dictamen, lo que supone apenas un 25% de discrepancia.