La gestión de las universidades públicas, a debate en Salamanca

Cómo adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad, a las oportunidades tecnológicas y a los cambios normativos. Esos son los grandes ejes en torno a los que gira el congreso «Gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento normativo en la universidad española» que se celebra hasta hoy en Salamaca.

En este sentido, el rector de la Universidad de la ciudad (Usal), Ricardo Rivero, puso también el foco en la prevención de aquellas situaciones que afectan a la reputación de los campus. Además, aseguró que «hay que emprender modificaciones puntuales con la prudencia de no cometer errores» así como «trasladar a la opinión pública que hacemos todo lo posible para que cada euro se gestione adecuadamente».

Asimismo, recordó que es necesario contar con «buenos funcionarios en los servicios de control interno» y que, por ello», «es importante la profesionalización de los servicios administrativos de las universidad con empleados cada vez más capacitados y cualificados».

Por su parte, el director de Control Interno de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julio García, lanzó un mensaje de «centralización» en los equipos rectorales «para que puedan desplegar su proyecto político y luego rendir cuentas».

También incidió García en que «uno de los principales cambios del sistema universitario debe pivotar en dotar de mayores capacidades reales de gobierno a los equipos directivos» frente a las «deficiencias» de la Ley Orgánica de Universidades por las que «la acción de la dirección se ve sometida a tantos partes que coartan al rector a la hora de desplegar sus medidas».

Y es que, según García, «dirigir una organización de élite como la universidad es dirigir personas, recursos financieros y establecer acuerdos políticos en un sistema donde se tiene que negociar con un Gobierno central, uno regional y ayuntamientos», poder que debe estar en manos del equipo rectoral mientras que los departamentos «tienen que dirigir su ámbito como punta de lanza del saber científico».

Al respecto del caso de la Universidad Rey Juan Carlos, la rectora de la Universidad de Granada y vicepresidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Pilar Aranda, consideró que el fallo estuvo en «crear un instituto con un CIF distinto», puesto que «cuando los centros de investigación quieren más autonomía e independencia con un CIF distinto, se les ha de decir que no porque los mecanismos de control tienen que ser idénticos para todos».

No obstante, Aranda quiso mandar a la sociedad «un mensaje de seguridad y confianza en el sistema universitario público español», si bien afirmó que toca «ser conscientes de los retos sabiendo en qué tiene que mejorar la universidad española, entendiendo modelos diferentes de gobernanza».

La vicepresidenta de la CRUE aclaró, finalmente, que «perder poder democrático y participativo no es la solución óptima, pero debemos analizar los nuevos modelos de gestión frente a la variedad de órganos de representación actuales».