La Junta advierte que la reforma local del Gobierno liquida servicios básicos

Malestar palpable. Fue lo que trasladó ayer a la prensa el Gobierno Herrera en relación con la reforma local del Gobierno, que prosigue su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, pero que no convence a la Junta de Castilla y León.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio De Santiago-Juárez, recordó que se han modificado aspectos iniciales, si bien no se varían otros referidos a la prestación de servicios esenciales que podrían peligrar. Sobre el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local hablaba el consejero. Y lo hacía tajantemente: «nos gusta poco, porque es malo para los intereses de los castellanos y leoneses», algo que, recordó, se ha dicho también desde la Federación Regional de Municipios y Provincias y por parte de la mayoría de los alcaldes, si bien, incidió en que la Junta trabajará «hasta el último minuto» para que los grupos parlamentarios -en particular el del PP- añadan enmiendas parciales, cuyo plazo de presentación se ha alargado hasta el próximo martes, día 22.

El consejero se ciñó a uno de los servicios que podrían quedar especialmente ''tocados'' con esta reforma, el sanitario, y más concretamente los consultorios locales. Y es que, recordó, existen 3.600 despachos de este tipo en el medio rural de Castilla y León, que ceden los consistorios pero que cuentan con la asistencia de médicos y enfermeras de Sacyl. Al respecto, insistió en que la Junta tiene la obligación de dar cobertura a partir de los centros de salud que cubren las diferentes zonas básicas, y apostó por que finalmente los consultorios se observen como competencias de los ayuntamientos. El coste efectivo de este servicio, según el portavoz de la Junta, asciende a 30 millones de euros, lo que, a su entender, «supondría poner en juego esta asistencia en el medio rural». Preguntado sobre la posibilidad de que la norma llevara al cierre de consultorios locales, el consejero fue rotundo: «la responsabilidad sería de quien cambia la ley y de quien decide que no quiere esa competencia». Por ello, agregó: «la Junta no va a cerrar nada, lo harían los municipios».

En este punto, De Santiago-Juárez fue muy crítico con quienes discrepan de las peticiones elevadas por la Junta: «no puedo entender que una administración se alegre de que le quiten funciones cuando está para prestarlas. No lo entiendo. Es difícil de explicar, porque puedo comprender que pidan financiación, pero no que se alegren de que les quiten servicios». El Gobierno Herrera cuantifica en 382 millones el sobrecoste que supondría para Castilla y León la aplicación del proyecto de Ley, según está formulado.

Por otra parte, el portavoz demandó que se permita a las entidades locales menores de Castilla y León rendir cuentas en un plazo similar al previsto para las empresas públicas municipales, que podrán hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2014, y no en tres meses como se fija para las primeras.

Apertura en festivos

En otro orden de cosas, José Antonio de Santiago-Juárez consideró «un buen punto de encuentro» el acuerdo logrado de la Consejería de Economía y Empleo y los ayuntamientos de Valladolid, Salamanca, Arroyo de la Encomienda, Santa Marta de Tormes y Carbajosa de la Sagrada, para que sean 16 los festivos y domingos con apertura durante el próximo año. Por ello, dijo comprender que «a las grandes superficies les parecerá poco y a los pequeños comercios excesivo». En el caso de Ávila, se mantendrá en 2014 la posibilidad de apertura durante todos los festivos del año.