La Junta analizará la incidencia de la amnistía fiscal

Castilla y León intensificará este año la lucha contra el fraude fiscal. La Consejería de Hacienda, que dirige Pilar del Olmo, analizará las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los contribuyentes de nuestra Comunidad que se han acogido a la regularización fiscal especial del Estado, para evaluar si tienen alguna incidencia en los tributos cedidos que gestiona la Junta. Se trata -informan fuentes de la Junta- de la principal novedad del Plan de Control Tributario para 2013, que también prevé comprobar la correcta liquidación de los impuestos propios y evaluar el efecto de los cambios metodológicos en la valoración de bienes.

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria prevé poner a disposición de las comunidades autónomas la información que obtenga de los procesos de regularización voluntaria en el IRPF, cuando sea de interés para la gestión de los tributos cedidos. Esto supone que la Junta podrá analizar los datos de los contribuyentes de Castilla y León que se hayan acogido a la última declaración tributaria especial, con el fin de comprobar si existen hechos imponibles no declarados en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre el Patrimonio. Además, la Consejería de Hacienda prestará atención a los dos tributos propios de la comunidad:el Impuesto sobre la Afección Medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión (IAM), y al Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en vertederos (IER).

Finalmente, la Junta evaluará por primera vez los resultados de la aplicación de la nueva metodología de estimación de los valores de los inmuebles diseñada durante 2012. Para ello utilizará los datos proporcionados por la Dirección General del Catastro, que ha ofrecido a las autonomías la posibilidad de utilizar una herramienta común.

Respecto a los precios medios de mercado, en 2013 se ha aplicado una rebaja del 14 por ciento a los módulos generales, tanto de suelo como de construcción, que determinan la valoración de los bienes inmuebles urbanos