La Junta devolverá una parte de la extra de Navidad de 2012 a 85.500 funcionarios

El Gobierno Herrera devolverá una parte de la paga extra de Navidad de 2012 a sus casi 85.500 empleados. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, reconocía, tras aprobarse en el pleno de las Cortes una moción en la que se insta a la Junta a negociar con sus asalariados el periodo de abono de la parte devengada y no percibida de esa retribución, correspondiente al periodo comprendido entre los días 1 de junio y la aprobación del Real Decreto-Ley del Estado, el 13 de julio del pasado año (algo menos de un mes y medio).

Esto, ¿qué supondrá? Que el total de empleados públicos dependientes de la administración autonómica recuperen en torno al 25 por ciento de lo que no vieron en sus cuentas en su momento. La cuestión ahora, tal como apuntaba la consejera de Hacienda, se sitúa en abordar la negociación con representantes sindicales, a los que se convocará «en breve» para alcanzar algún tipo de acuerdo.

«Se buscará un acuerdo posibilista», aunque, al no haber partidas específicas en el proyecto de Presupuestos para 2014 dirigidas a este fin, se intentará hacerlo en varios asientos. «No se puede pretender cobrar todo de golpe si la Junta no dispone de fondos para pagar», apuntó la consejera, quien confió en que la solución «elimine litigiosidad» y «frene el conflicto», porque, aseguró, «un mal acuerdo es mejor que un buen pleito». Al respecto, agregó que «intentaremos que los sindicatos desistan de recurrir a tribunales». De esta manera, la Junta de Castilla y León deberá hacer frente al pago de algo menos de 50 millones, según los cálculos de Hacienda. Una cifra que elevaba, en el debate en el hemiciclo a 54 el procurador socialista José Francisco Martín, quien cifraba el importe de posibles costas en el caso de que todos los procesos se judicializaran a trece millones de euros.

Martín, quien se felicitó por haber logrado que los trabajadores públicos «recuperen parte del expolio en su extra de Navidad de 2012» y apuntó que sí es posible incorporar esta línea de pago en las cuentas del próximo año «con fondos como los derivados a centros educativos privados», que cuanificó en 70 millones de euros.

Tras aceptar una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, culpabilizó de este «desaguisado» al Gobierno de Rajoy. Una crítica que tuvo respuesta por parte del ''popular'' Salvador Cruz, quien recordó que el primer recorte en la función pública, en mayo de 2010, lo ejecutó Rodríguez Zapatero «y ese no tendrá ninguna compensación».