Castilla y León

La Junta reitera su compromiso con las 35 horas en marzo pero los funcionarios harán huelga hoy

Fernández Carriedo reclama un «esfuerzo de reflexión» a los sindicatos para no entrar en un «periodo de indefinición», mientras que estos acusan al Gobierno regional de «mala fe» en la negociaciones de estas semanas

Posturas enquistadas. La Junta ha vuelto a reiterar su compromiso con la aplicación de las 35 horas y su entrada en vigor el próximo 31 de marzo de 2020, mientras que los sindicatos rechazan esa fecha, ya que quieren que se aplique desde el próximo 1 de enero. Algo que provocará que hoy se viva una jornada de huelga del funcionariado de la Administración regional.

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Durante el día de ayer la Junta remitía un escrito a las Organizaciones Sindicales firmantes del Acuerdo Marco, con la propuesta, que fue rechazado de inmediato. Por ello, a través de un comunicado se destacaba que «la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la fecha exacta deja ahora un escenario incierto sobre su aplicación pero no impedirá continuar con los análisis técnicos y el estudio oportuno sobre cuándo poder aplicar dicha medida en todo el ámbito de la Administración Pública».

El propio consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, hacía un llamamiento a los sindicatos para que hagan su «último esfuerzo de reflexión» y acepten esta oferta». Defendió también el «esfuerzo» efectuado desde el Ejecutivo con un compromiso para reducir el tiempo de trabajo de los empleados públicos en dos horas y media semanales «a pesar de que las circunstancias económicas no son mejores».

Una situación tensa, por esta cuestión, se vivió en Zamora teniendo como protagonista al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que tuvo una discusión subida de tono con varios funcionarios, previo a un acto de Ciudadanos, en relación a las 35 horas y a la Sanidad.

Ya por la tarde, comparecían los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, para confirmar la jornada de huelga que se vivirá hoy entre el funcionariado público en la Región, y acusaban a la Junta de actuar de «mala fe» por dilatar en el tiempo la implantación de la jornada laboral.

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