La PAC reparte algo más de 60 millones entre 530 beneficiarios de Castilla y León

Castilla y León cuenta con casi medio millar de beneficiarios (449) de la PAC que perciben más de 100.000 euros de la UE al año y una treintena (35) que asumen más de 300.000, entre los que se encuentran industrias, consejos reguladores, bodegas, cooperativas, ayuntamientos y particulares. Los estados miembros han tenido que hacer pública la lista de beneficiarios de los pagos procedentes de la Política Agrícola Común (PAC), incluidos los fondos Feaga y Feader, que ha analizado Ical.

En el listado correspondiente a más de 90.000 perceptores en Castilla y León, aparecen desde particulares que recibieron 100 euros, hasta grandes empresas y la Junta de Castilla y León, que dispuso de fondos para programas de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas o infraestructuras. Figuran las ayudas a los productores de remolacha, el apoyo al sector vitivinícola, las subvencinoes al algodón o los pagos por ganado vacuno, junto a las de incorporación, modernización o consumo de leche en los colegios, entre otras.

Los beneficiarios de más de 100.000 euros de la PAC en 2014, se encuentran en mayor número de Valladolid, 82; seguida por Salamanca, 89; Burgos, 64; Palencia, 63; Soria y Zamora, 35 en ambos casos; Ávila, 31; Segovia, 27; y León, 23. En cuanto a los que perciben una cuantía de más de 300.000 euros nueve están en Valladolid; ocho en Burgos; seis en Salamanca; cuatro en León y en Palencia, en ambos casos; dos en Zamora; y uno en Ávila y otro en Segovia. En Soria no aparece ningún gran perceptor en el listado.

La publicación de los datos de distribución de la PAC se estableció en la reforma de esta normativa comunitaria, realizada en 2013, y que pretende aumentar la transparencia de los fondos europeos, teniendo en cuenta que la PAC acapara alrededor del 43 por ciento del presupuesto comunitario, lo que supone 30 céntimos diarios para los ciudadanos.

La publicación de datos no está exenta de polémica puesto que en la mayoría de los casos se trata de personas físicas. En 2010, el Tribunal de Justicia de la UE declaró que este listado infringía el principio de proporcionalidad de las personas naturales, aunque apoyó que se publicaran los datos sobre las entidades legales beneficiadas. Sin embargo, tras varios tiras y afloja, la Comisión Europea ha sacado adelante la propuesta incluyendo también a las personas naturales, comprometiéndose a aclarar el tipo de ayuda recibida y su finalidad.