La reforma de las administraciones pasa por la implicación de las nueve provincias

La reforma de las administraciones en Castilla y León pasa, también, por la de las instituciones periféricas y la aportación de las delegaciones territoriales de la Junta en las nueve provincias.

Así lo puso de manifiesto el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien presidió la Comisión General de Coordinación Territorial, donde recordó a los nueve delegados del Gobierno regional, que este mes se prevé aprobar en las Cortes la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, que exigirá a las secciones provinciales un primer estudio de zonificación para la configuración del mapa de unidades básicas. A partir de esas aportaciones, la Consejería de Presidencia se pondrá a trabajar inmediatamente con los grupos políticos, la Federación Regional de Municipios y Provincias y las diputaciones provinciales, con el fin de dar a conocer conclusiones en el tramo final de este año o principios del próximo.

La coordinación de este proceso recaerá en el delegado territorial abulense, Francisco José Sánchez, el más veterano en el cargo, quien asumirá la buena marcha de este engranaje.

«La ordenación del territorio es un tema de Comunidad y por eso se está realizando un importante esfuerzo para alcanzar el mayor consenso político posible», apuntó De Santiago-Juárez, en referencia al pacto que ultiman los grupos mayoritarios en las Cortes autonómicas.

El consejero incidió en que, además de esa norma, el presidente de la Junta se comprometió a elaborar un borrador, antes del 30 de octubre, con las propuestas de reforma que contempla la Junta, algunas de las cuales ya se han abordado, y que quedarán proyectadas en una comunicación formal, que se debatirá en sede parlamentaria.

Cuatro apartados

De Santiago-Juárez explicó que el proyecto de reforma se asienta sobre cuatro patas, que son la simplificación de procedimientos administrativos y rebaja de trabas burocráticos para ciudadanos y empresas, la reestructuración del y mejor organización del sector público, la racionalización de organismos y revisión de entidades paralelas y la puesta en marcha de acuerdos con la Administración del Estado para racionalizar estructuras y servicios.

En este contexto, recordó que Castilla y León ya ha dado pasos para rebajar empresas públicas, ha impulsado mejoras en la administración electrónica, suprimió la Delegación Permanente de nuestra Comunidad en la capital de la Unión Europea, Bruselas, y ha unificado áreas dentro de las instituciones propias, que son el Procurador del Común, el Consejo de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social. De igual forma, José Antonio de Santiago-Juárez, se refirió al desarrollo del modelo de Gobierno Abierto impulsado recientemente, con el objetivo de mejorar la participación ciudadana y la transparencia, donde también se recogerán aportaciones particulares a esta reforma.