La viabilidad de la minería es posible, a pesar de lo que se diga desde Europa

La viabilidad de la minería del carbón es posible, frente a la oposición que plantea a esta posibilidad la Unión Europea. Es la respuesta de Castilla y León, Asturias y Aragón, a la inadmisión del recurso que estas tres comunidades autónomas presentaron contra la reglamentación del Consejo Europeo sobre la prolongación o devolución de las ayudas públicas al sector.

Por ese motivo, los tres gobiernos autonómicos, presididos por PP (Aragón y Castilla y León) y PSOE (Asturias) que discrepan abiertamente sobre la decisión del Tribunal Comunitario, defienden que la actividad extractiva perdure en las empresas mineras que resulten competitivas en el horizonte de 2018.

Por lo pronto, el Consejo insiste en que las minas que quieran seguir su actividad más allá de esa fecha devuelvan todos los recursos públicos que anteriormente hayan recibido.

Una circunstancia que, según apuntaron fuentes de la Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León, pone en peligro que las explotaciones puedan seguir siendo operativas incluso resultando económicamente rentables sin ningún tipo de subvención.

Así las cosas, los servicios jurídicos de Castilla y León, Asturias y Aragón valoran la posibilidad de recurrir el reciente auto del Tribunal General de Justicia Europeo, por la inadmisión de este recurso planteado en va a hacer este año tres ejercicios.

Petición de nulidad parcial

Los tres gobiernos autonómicos pidieron la nulidad parcial de la reglamentación, en los apartados referido -devolución de fondos si no se produce el cierre en 2018- y las que vinculan la recepción de ayudas al cierre de la actividad minera.

Según indicaron, no se pidió la nulidad total de la decisión para no dejar sin amparo legal las ayudas estatales que reciben las diferentes unidades de producción minera en nuestro país.

Con estas premisas, desde Castilla y León, Asturias y Aragón se ha instado nuevamente al Gobierno central a incrementar la defensa política de un sector especialmente mermado durante los últimos años -independientemente de la crisis económica-, dado que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se comprometió a defender esta postura ante la Europa de la Unión.

Defensa jurídica y política

De igual manera, los tres ejecutivos consideran que debe proseguir la defensa jurídica de estas cuestiones, dado que el carbón es una reserva estratégica que garantiza el suministro eléctrico en un territorio, el español, que tiene una alta dependencia energética de terceros países, pese a sus potenciales fuentes naturales, y en el que una parte importante de la demanda únicamente puede cubrirse con generación térmica.

A juicio de la Junta de Castilla y León, el Tribunal Europeo inadmite ahora este recurso sin entrar a valorar el fondo de la cuestión y argumentando básicamente que las disposiciones recurridas y cuya anulación se pide son esenciales en la norma 2010/787/UE, de modo que su eliminación la alteraría completamente y supondría en la práctica sustituirla por una decisión diferente. Otro aspecto sobre el que discrepa el Gobierno castellano y leonés.