Los alcaldes y la Junta claman por una financiación digna para dar servicios

VALLADOLID– El Consejo Regional de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP) dejó una cosa clara. Que tanto los alcaldes como el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera demandan una financiación suficiente para que las administraciones más cercanas puedan dar los mejores servicios a los ciudadanos. El encuentro, que reunió en Valladolid a un centenar de representantes políticos de las entidades locales, sirvió para dejar constancia de que «sin dinero no se puede cumplir con los ciudadanos». Por este motivo, el presidente de la FRMP y alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, se mostró de partidario de cumplir con las leyes y con los modelos de ordenación autonómico y nacional, pero «con una financiación suficiente».

En la misma línea, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, apeló a la reforma, de una vez, de la Ley de Haciendas Locales, ya que «nos estamos jugando los servicios, sobre todo en el ámbito local».

Asimismo, el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, levantó la voz en nombre de los alcaldes de nuestra Comunidad para pedir que cuando las Cortes legislen «en algo que suponga una obligación a los ayuntamientos, venga con una memoria económica». «Estamos hartos de tener más obligaciones, y no facilitar la financiación», añadió.

Otro de los participantes en la inauguración del Congreso, el presidente de la Diputación de Valladolid y vicepresidente cuarto de la FRMP, Jesús Julio Carnero, reclamó una financiación «justa, adecuada y suficiente» para las instituciones provinciales y los ayuntamientos.

En sintonía

Uno de los temas principales del Consejo Regional de la FRMP fue el análisis de los modelos territoriales por la Junta y el Estado. García Nieto aseguró que ambas leyes son «perfectamente compatibles, a pesar de las dificultades que está provocando la nacional.

Francisco Javier León de la Riva se mostró partidario de la reducción del número de ayuntamientos, «nunca de municipios», con el fin de agrupar la gestión de los servicios públicos. El regidor vallisoletano estimó que las dos normas «son compatibles», por lo que «si en algún sitio hay algún roce», se debe buscar el procedimiento adecuado para saber a qué se tienen que atener las entidades locales.

Jesús Julio Carnero se refirió a las diputaciones, y aseguró que a las instituciones provinciales «las irá mal» si no adaptan su modelo de futuro.

Asimismo, defendió que que la reforma local es garantista porque se mantienen los municipios, entidades locales menores y diputaciones provinciales con el objetivo de prestan los servicios a los vecinos con calidad y eficiencia. Jesús Julio Carnero también resaltó que «las diputaciones serán un servicio de asistencia de forma transversal»,por lo que pasa a la voluntariedad de los consistorios para delegar servicios en la institución superior y de la coordinación para buscar la eficiencia.

Conclusiones

Tras la inauguración, el Consejo Regional de la FRMP desarrolló dos mesas de trabajo en las que se debatió sobre los modelos territoriales, sobre todo, y de la Innovación y la Eficiencia. En la primera de ellas se acordó reclamar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la elaboración de la guía de criterios de interpretación de la reforma local para despejar «dudas» en su aplicación y expresaron el temor de que los servicios mínimos coordinados, a los que se refiere la ley, suponga vaciar de competencias a los municipios con el riesgo de desaparición.

Además se aseguró que tanto la norma autonómica como la estatal son compatibles porque blindan la pervivencia de los municipios, entidades locales menores, diputaciones y mancomunidades, si bien algunos alcaldes estimaron más municipalista la ley autonómica y más financiera, para evitar duplicidades y ordenar competencias, la estatal, aunque abogaron por un «esfuerzo de explicación» de dos materias «complejas».

De la Ley de Ordenación se reflejó que ha sido una de las más participadas y que impulsa políticas de proximidad con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la atención de los ciudadanos, mientras que la reforma local se centra en ordenar competencias, en la estabilidad presupuestaria y en evitar duplicidades.