Los sindicatos pelean para que la crisis no arrase empleo vinculado a la discapacidad

CC OO, UGT y FSIE avanzan un «empeoramiento alarmante» de las condiciones laborales del sector y en la atención a ese colectivo que citan como «el más débil»

El colectivo ligado a la discapacidad -en la imagen, una reciente protesta del Cermi- rechaza los ajustes laborales y de atención derivados de la crisis económica
El colectivo ligado a la discapacidad -en la imagen, una reciente protesta del Cermi- rechaza los ajustes laborales y de atención derivados de la crisis económica

Los sindicatos darán batalla para impedir que la crisis arrase el empleo ligado a la discapacidad. Así lo apuntaron representantes de las agrupaciones de Enseñanza de Comisiones Obreras, UGT y la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) de Castilla y León. Y es que, a su entender, se están sentando las bases para acometer un empeoramiento de la atención al colectivo de discapacitados pero también de las condiciones laborales del sector, en este caso, «de manera alarmante».

Así lo detalló María Ángeles Villanueva, de UGT, quien recordó que son 5.000 los profesionales encuadrados en empresas ligadas a esa atención en centros de educación especial, especiales de empleo o fundaciones.

La sindicalista avisó de que «la crisis no puede recaer en el colectivo que menos protección ha tenido tradicionalmente», por lo que demandó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que actúe. De igual forma sentenció que los ajustes en subvenciones y conciertos han afectado directamente a los trabajadores, por imposición de las empresas.

En este contexto, alertaron de que Castilla y León es la única autonomía con un complemento para trabajadores de centros educativos de régimen especial, por importe de entre 80 y 130 euros, que podrían quedarse en doce al ser absorbido el resto por las propias empresas.

Pilar Moreno, de CCOO, reprochó a la patronal que rescinda derechos conseguidos a lo largo de mucho tiempo. «Los empleados trabajan cada vez más en precario», sentenció, para después argumentar que aquéllos estarán ahora más indefensos ante la implantación de las tasas judiciales.

Lorenzo Rodríguez, de FSIE, apuntó que en este sector «muy delicado», en el que no deberían aplicarse iguales criterios de rentabilidad que en otros sometidos a revisión, para después manifestar que «todas las condiciones y propuestas que se plantean son perjudiciales y se llevan a cabo bajo cesión, cesión y cesión».