Castilla y León
Nuevos pasos para evitar la publicidad sanitaria ilegal o con riesgo para la salud
El consejero Sáez Aguado y 12 colegios profesionales alcanzan un acuerdo para luchar contra esta práctica
La lucha contra la publicidad sanitaria ilegal o con riesgo para la salud así como contra el intrusismo en las diferentes profesiones del sector sigue su curso. En esta ocasión, el consejero de Sanidad de la Junta, Antonio María Sáez Aguado, y representantes de doce colegios profesionales firmaron un acuerdo para evitar estas prácticas.
Se trata del primer convenio de estas características, cuyo fin es reforzar la colaboración entre las instituciones firmantes, que ya venían actuando para evitar la difusión de mensajes publicitarios deshonestos.
En este sentido, se pretende contar con los conocimientos técnicos propios de cada profesión sanitaria para comprobar que la información que se ofrece es veraz y objetiva, para proteger el derecho a la salud de los usuarios, garantizar su seguridad y protegerles frente a prácticas abusivas.
Así, Sáez Aguado explicó que el texto establece, en primer lugar, que los colegios trasladarán a la autoridad sanitaria de la Consejería todos aquellos mensajes de los que tengan conocimientos sobre su ámbito profesional que puedan ser considerados ilegales. Además, adjuntarán un informe técnico sobre los motivos que les llevan a dicha consideración.
«Se trata de realizar un control compartido sobre la legalidad de esta publicidad», señaló el consejero, dentro del ámbito de las profesiones sanitarias presentes en la firma (enfermeros, farmacéuticos, médicos, odontólogos y estomatólogos, dietistas, fisioterapeutas, logopedas, ópticos, podólogos, protésicos dentales, psicólogos y terapeutas ocupacionales) «bajo cuyo paraguas ejercen más de 30.000 profesionales en Castilla y León».
De esta forma, consideró Antonio María Sáez Aguado, «se evitará el intrusismo profesional, que afecta, sobre todo, a fisioterapeutas y odontólogos, y la realización de actividades parasanitarias o pseudocientíficas».
Por su parte, el representante de los diferentes colegios, José Luis Morencia, aseveró que se trata de «un acuerdo de mínimos, ya que en el caso de mi colectivo, el de los fisioterapeutas, hacemos llegar a la Administración numerosas denuncias que nos llegan de los usuarios».
El fin último, destacó, es «luchar contra las terapias que realizan personas no profesionales que venden tratamientos sanitarios ''casi milagrosos'' para curar todo tipo de enfermedades como el cáncer y que no tienen ningún tipo de control sanitario y cuya actividad escapa del control de Hacienda».
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