Ofensiva para facilitar el acceso a una vivienda a quienes más lo necesitan

Valladolid- Las Cortes aprobarán, esta próxima semana, la convalidación del decreto-ley al que dio luz verde el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, el pasado 31 de julio, referido a medidas urgentes en materia de vivienda. Asimismo, también saldrá adelante un texto que regula el programa de fomento del alquiler, que busca dar salida a pisos de promoción pública y viviendas protegidas (VPO) privadas.

La primera, es una norma que busca adaptarse a la realidad del momento y dar salidas viables a familias que pasan por verdaderas dificultades. Así, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, definidora del documento, contempla rebajar un 20 por ciento el precio de viviendas públicas en venta o alquiler que se construyan o aquellas que no estén adjudicadas aún entre las 12.471 de este tipo existentes. Se da respuesta así a un compromiso hecho público por el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en el último debate sobre política general, según el cual se amplían colectivos de especial protección -familias con todos sus miembros en paro, afectados por desahucios, separados, divorciados o familias expropiadas o literalmente arruinadas, además de afectados por catástrofes o residentes en viviendas con difícil habitabilidad-.

La nueva norma servirá para movilizar viviendas de titularidad pública, con más facilidades para las familias que peor lo están pasando y dará impulso a que muchos propietarios puedan acceder a la propiedad -si cumplen ciertas exigencias- y se beneficien de descuentos del 30 por ciento por amortización anticipada y del 40, si se adquieren estancias en arrendamiento. En cuanto a las VPO de promoción pública sin adjudicar se aplicará un 20 por ciento de descuento en precios de venta y alquiler para que puedan acceder a ellas colectivos más amplios. Por otra parte, los ayuntamientos deberán reservar un número de viviendas para atender situaciones de emergencia.

En las VPO de titularidad privada, se amplía el periodo de amortización de préstamos hipotecarios, sin necesidad de autorización administrativa previa y no se reclamará la devolución de ayudas en caso de subasta, desahucio, dación en pago o reestructuración de la deuda, y se aplicará un descuento del 20 por ciento en los precios fijados de venta y alquiler. Igualmente, la Junta prevé flexibilizar requisitos para adquirientes o alquilantes y se permitirá comprar una VPO si se asume el compromiso de alquilarla. En cuanto al programa de fomento del alquiler, que aúna mecanismos previos existentes, facilitará intermediaciones y garantizará pagos y seguros, además de que fija un límite de renta a pagar, que será del 80 por ciento del precio referido al alquiler de una VPO.

El portavoz del grupo popular, Carlos Fernández Carriedo, señala que la aprobación de esta norma hace que «Castilla y León dé otro ejemplo de apoyo a quienes lo están pasando peor». El parlamentario palentino subrayó que existe un programa específico en materia de vivienda, pactado con múltiples organizaciones del sector, que beneficia a muchas personas que no pueden hacer frente al pago de su vivienda.

Desde el PSOE, Julio López, se muestra escéptico, porque «esta norma va precedida de otras que van en sentido contrario» y denuncia que «la Junta lleva cero sobre cero en materia de vivienda en los últimos tiempos». Al respecto, agrega que «la administración de Herrera tiene el vicio de aprobar leyes pero luego no ejecutarlas».

Desde el grupo mixto, José María González, considera que, en este campo, «se han saltado su propia ley», porque no se ha informado de la norma al CES, tras la modificación de la Ley de instituciones, que obliga a ese organismo a informar de cualquiler proyecto de ley o decreto con contenido social o económico. A su entender, el PP «tapa» con el decreto-ley una realidad presente en la Comunidad, pero «el verdadero problema no se soluciona así, porque está en la falta de recursos para acceder a la vivienda». La fecha del pleno en que se debatirá esta norma, junto con la del techo de gasto, se determinará este lunes en junta de portavoces, aunque previsiblemente sea el miércoles 28.