PP y Ciudadanos pactan cien medidas para gobernar mejor Castilla y León

Apenas una hora antes de que se constituyeran las Cortes de Castilla y León, los líderes de PP y Ciudadanos, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, escenificaban el acuerdo programático que alcanzaban el pasado miércoles para la gobernabilidad de Castilla y León.

Ambos firmaban este documento, compuesto por cien medidas de calado, pero se emplazaban a seguir negociando en los próximos días para llegar a otro acuerdo, el definitivo, en el que quedará conformada la estructura del Gobierno de la Comunidad y quién dirigirá las consejerías que se repartirán ambas formaciones, que es donde está el meollo de la cuestión.

Si se las distribuirán de forma paritaria, como pide Ciudadanos -aunque Igea aseguraba que sólo piden que se haga visible que es un Gobierno conjunto y no un Ejecutivo del PP apoyado por a formación naranja-, o si bien serán función de la representatividad otorgada por los castellanos y leoneses en las urnas, como reclaman los populares. Al respecto, el PP obtuvo 29 procuradores y Ciudadanos, doce.

La mayoría de las medidas pactadas están orientadas hacia el crecimiento económico y la creación de empleo. Así, PP y Cs se comprometen a reducir los impuestos, a través de bonificaciones y deducciones del IRPF, especialmente para aquellos que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes. Además, se bonificará en el 99 por ciento el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos, lo que supondrá en la práctica su eliminación. Se avanzará en la eliminación de la brecha de género y se volcarán en dar oportunidades a los jóvenes. Los autónomos y los emprendedores, mediante la ampliación de la tarifa plana, serán una prioridad, y, además, se implicarán en el desarrollo de las pymes, en la reducción de burocracia y en el impulso a la I+D+i.

Mejorar la calidad de los servicios públicos, la implantación de una tarjeta sanitaria única, la exigencia de una prueba de acceso a la universidad (Ebau) única en toda España, o la aprobación de una Ley de derechos y garantías de las personas en proceso de morir, son otros de los compromisos adquiridos. La lucha contra la despoblación y el reto demográfico será el eje central y se creará un grupo de trabajo con expertos independientes propuestos por las Cortes para que elaboren un diagnóstico de la situación y propongan nuevas propuestas que ayuden a repoblar y ordenar el territorio. El documento incluye asimismo una apuesta firme y decidida por la regeneración política e institucional. Se limitan los mandatos a ocho años de alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes y presidentes de diputaciones en los que se suscriban acuerdos de gobernabilidad conjunta. También la reforma urgente del Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos de los procuradores y miembros de la Junta, el reforzamiento y protección de los informantes sobre delitos contra la Administración.

Apuesta por un Gobierno renovado, centrado y liberal

«Es un buen acuerdo, porque es ambicioso y supone el compromiso de PP y Cs por un Gobierno renovado, moderado, centrado y liberal”, aseguraba el popular Fernández Mañueco, para quien el objetivo que persigue es «hacer mejor las cosas». Son cien medidas que supondrán un cambio en Castilla y León. El cambio de políticas y no de personas, que es lo que siempre hemos defendido en campaña», apuntaba, por su parte, Igea.

«Todavía queda trabajo por hacer»

Este acuerdo es de programa de Gobierno pero faltan por saber las caras del Ejecutivo y el reparto del poder. Igea aseguraba que el sí condicional que le han dado al PP es de «tamaño medio» e insistía en que su apuesta pasa por un Gobierno conjunto que haga visible la importancia de su partido, que la portavocía de la Junta. «Queda trabajo por hacer», decía, por su parte, Fernández Mañueco, mientras que el también popular Raúl de la Hoz mostraba su convencimiento de que «pronto» acordarán la estructura de la Junta.