Castilla y León
PP y Cs proponen una reforma exprés del Estatuto para poner fin a los aforamientos
La iniciativa requiere el apoyo de dos tercios de las Cortes y el respaldo del Congreso de los Diputados
PP y Ciudadanos han registrado en las Cortes de Castilla y León una reforma exprés, por el procedimiento de lectura única, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, para poner punto y final a los aforamientos de los procuradores del parlamento autonómico y de los altos cargos de la Junta, incluido el propio presidente de la Región. Algo que, según esgrimen en la propuesta populares y «naranjas», es una excepcionalidad y una alteración de las reglas ordinarias de la competencia judicial, ya que se impide la efectividad del derecho a la doble instancia penal reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, y, además, es algo que demanda la sociedad
Una iniciativa con la que ambas formaciones dan cumplimiento a uno de los puntos de su acuerdo de cien medidas para la gobernabilidad de la Comunidad, y que es una de las exigencias de la formación que lidera Igea
Los portavoces del PP y de Cs, Raúl de la Hoz y Carlota Amigo respectivamente, eran los encargados de registrar ayer esta iniciativa parlamentaria que modificaría los artículos 22.2 y 29 del Estatuto, y que si todo sale como pretenden podría remitirse al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva a finales de este año.
El PSOE decide
Si bien, antes, la iniciativa necesita salir adelante en las Cortes autonómicas y, para ello, hace falta el apoyo de dos tercios de la Cámara regional compuesta por 81 parlamentarios. O lo que es lo mismo, 54 apoyos. Actualmente, PP y Cs cuentan con 41 y necesitarían contar con el PSOE también, ya que con los dos de Podemos, y otros tantos de Vox y Por Ávila -UPL quiere una reforma más amplia- no les llega.
Al respecto, los socialistas ya han avisado de que apoyarían esta iniciativa siempre y cuando se lleve a cabo una reforma más amplia del Estatuto de Autonomía. En concreto, el partido del puño y la rosa quiere aprovechar esta reforma para blindar un mínimo de gasto social que se destine cada año en los presupuestos independientemente de quien gobierne y de la situación económica del momento.
Tanto De la Hoz como Amigo aseguraban que vincular ambas cuestiones ralentizaría el proceso y por ello tendían la mano al PSOE para llegar a un acuerdo, conminaban a los socialistas a abandonar su «radicalidad».
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