Silvia Clemente no acepta un recorte en los presupuestos de la nueva PAC

La consejera de Agricultura y Ganadería lo tiene claro. Castilla y León no aceptará un recorte en los pagos directos, que ascienden a 925 millones en la actualidad, y 250 millones de euros en desarrollo rural, que se venían percibiendo hasta ahora gracias a la Política Agraria Común, y de cara a la nueva que entrará en vigor el próximo año. Así lo ponía sobre la mesa ante el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y los consejeros de las comunidades autónomas durante en la Conferencia Sectorial con la que se pretende cerrar un acuerdo básico sobre la distribución de las ayudas.

La sede del Ministerio en Atocha vivió una jornada de trabajo maratoniana y complicada que continuará hoy a partir de las nueve de la mañana. Será entonces cuando el ministro y los consejeros den cuenta del estado de las negociaciones.

En declaraciones realizadas a la prensa al comienzo de la reunión, a las diez de la mañana, el ministro reconoció que la agenda iba cargada de asuntos «muy complicados» pero apostó por lograr el máximo consenso posible, descartada la posibilidad de lograr un acuerdo por unanimidad. Arias Cañete recordó que la nueva PAC (2014-2020) cuenta con recursos «importantes» para su desarrollo, como son los 35.705 millones para ayudas agrícolas, más los 8.291 millones en desarrollo rural. El ministro apostó por desarrollar una nueva política agraria que favorezca la competitividad del sector agrario y ganadero español, que «permita estabilizar la renta de los agricultores y fijar la población en el medio rural».

El problema para lograr un acuerdo no radica tanto en la falta de presupuestos como en el nuevo reparto de las ayudas. Castilla y León aspira a mantener su actual nivel de ingresos de la PAC, que ronda los 1.150 millones de euros anuales. La consejera defiende en este encuentro el acuerdo alcanzado con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, y también con los grupos parlamentarios, en contra de que se produzca ningún trasvase de fondos que perjudique los intereses de los agricultores y ganaderos de la Comunidad.

Cañete reconocía al comienzo del encuentro que «la nueva política agraria es mucho más compleja que la que se han aplicado con anterioridad» y auguraba negociaciones «largas y complicadas». A pesar de que el ministro confía en lograr un acuerdo con las comunidades, recordaba que al Gobierno central «le corresponde la ordenación general de la economía y, según el Tribunal Constitucional, fijar las modalidades de aplicación de la PAC». «No obstante, queremos que la aplicación de la PAC goce del máximo consenso de todas las comunidades y territorios», añadió.

La consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, defiende en la reunión la postura común alcanzada en Castilla y León, en la que se piden garantías para las singularidades de la Comunidad y que no se produzcan trasvases entre territorios o sectores. Clemente también defiende la utilización del porcentaje máximo para ayudas asociadas a determinadas producciones con problemas específicos en la actualidad como el ovino-caprino o el vacuno de leche.