Turismo y pesca para que Castilla y León sea destino para los amantes de ese deporte

Unir turismo y pesca, proteger los ecosistemas y propiciar el desarrollo rural. Son los tres pilares sobre los que pivota la Ley de Pesca, que se aprobó ayer, en las Cortes, con los votos favorables del Grupo Parlamentario Popular y la oposición de PSOE, IU y UPL, y que busca beneficiar a los 180.000 titulares de licencia en Castilla y León y hacer de nuestra Comunidad un destino para los amantes de ese deporte.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, recordó que sólo esta Comunidad acoge una de cada cinco licencias de pesca de nuestro país, por lo que apostó por dar respuesta a sus titulares, pero siempre a partir de una gestión sostenible, contraria a la sobreexplotación y con garantías para el medio natural.

En este contexto, el responsable regional de las políticas medioambientales recordó que, con esta nueva norma, las empresas del sector turístico estarán en condiciones de poder conceder permisos de pesca. Una novedad se que incorpora, como la creación de la figura de especies de interés preferente, el refuerzo a la cooperación con otras instituciones implicadas y la regulación de la pesca sin muerte, con el reto de favorecer el aprovechamiento adecuado.

Críticas de la oposición

No vio de igual manera el documento la oposición, que llevó vivas un total de 135 enmiendas, todas rechazadas por la mayoría del PP. Los socialistas y los integrantes del grupo mixto -UPL e IU- consideraron la nueva ley como «discriminatoria» e «insuficiente», dado que, según apuntó la parlamentaria del PSOE Ana Muñoz de la Peña, «sustituye pero no deroga» la norma precedente, de hace 20 años.

A su entender, la norma excluye todo lo relacionado con la protección de los ecosistemas acuáticos, no protege a especies con más problemas y no avanza en los derechos de los pescadores. Al contrario, argumentó, sólo incide en la pesca como negocio e incorpora un régimen sancionador que incumple con la norma estatal.

Asimismo, dijo que se carece de un catálogo de peces invasores, se fija la pesca sin muerte pero no se indica por qué y no contempla medidas ante permisos de personas inhabilitadas.

La respuesta de la bancada ''popular'' llegó de manos de Julián Ramos, que incidió en que la tramitación parlamentaria llevada a cabo, por la que se asumieron 35 enmiendas socialistas, buscaba el consenso en una ley que definió como «muy participada».

Por su parte, José María González arremetió contra la ley por su «afán recaudatorio», que, dijo, «no tendrá efectos en los ríos».

La nueva normativa, aprobada por el Ejecutivo en Consejo de Gobierno del pasado mes de abril, con la incorporación de un régimen sancionador que contempla multas que van desde los 100 hasta los 60.000 euros y la retirada de licencia dependiendo de si las faltas cometidas son leves, graves o muy graves.