A por el simulacro de Constitución

El camino hacia la independencia no admite pausas. Así lo establece el propio programa electoral de Junts pel Sí: «Inmediatamente después de la declaración del inicio del proceso de constitución del nuevo Estado, comienza el proceso para elaborar la Constitución del nuevo Estado en la primera de las dos fases: la participación ciudadana». Expresado en otras palabras, CDC y ERC no tardarán en ceder el protagonismo de los trabajos constitucionales a la sociedad civil para evitar, de esta manera, eventuales impugnaciones ante el Tribunal Constitucional (TC).

Los soberanistas ya aprobaron en el Parlament el 9 de noviembre la mencionada declaración para poner en marcha la «desconexión», la cual no tardó en ser suspendida por el TC. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, asegura que su valor político se mantiene intacto y, por tanto, el objetivo de redactar la Constitución sigue en pie.

El esquema de acudir a la sociedad civil recuerda enormemente al episodio de la consulta soberanista del 9 de noviembre. También entonces el protagonismo de la organización recayó sobre voluntarios y la consulta acabó recibiendo el nombre de «proceso participativo».

De hecho, ya hay alguna literatura redactada sobre la hipotética Constitución catalana, puesto que el ahora senador Santi Vidal se dedicó a redactar un borrador de la que debía ser la Carta magna de Cataluña. Precisamente por ello fue suspendido por el CGPJ como juez de la Audiencia de Barcelona durante tres años.

«Actualmente existen diversidades iniciativas civiles que con posterioridad al 9N de 2014 se han coordinado y ya han comenzado a fomentar los debates ciudadanos sobre el proceso de elaboración, así como propuestas de contenidos de la futura Constitución», subraya el programa electoral de Junts pel Sí, que se propone, en paralelo, dar un impulso a las estructuras de Estado que necesitaría Cataluña.

En dos semanas expira el plazo que se dieron Junts pel Sí y la CUP para dar un primer impulso a las leyes de Hacienda Propia, Seguridad Social y Transitoriedad Jurídica, tres proyectos señalados como esenciales por parte del bloque indendentista.

Los soberanistas estarán condenados a defender ante el TC la legalidad de estos tres proyectos de ley, a menos que los pongan a resguardo del Alto Tribunal en la comisión de estudio del proceso constituyente que se ha aprobado en el Parlament. En este marco se pretende madurar todas las reformas necesarias para pasar de la Cataluña autonómica a la Cataluña independiente. Al no tener rango de comisión legislativa, el Alto Tribunal no podrá actuar contra los planes secesionistas que tienen entre manos Convergència y Esquerra.

Esta es la agenda inmediata de un gobierno soberanista empeñado en dejar a Cataluña a las puertas de la independencia en un plazo de 18 meses. La oposición censura estos planes, entre otras cosas, porque son un engaño. «Vamos del simulacro de la consulta al simulacro de la Constitución», opina Miquel Iceta.