Albiol comunica que será implacable con el proceso soberanista

Sólo existe una duda sobre la relación política que van a mantener Carles Puigdemont y Xavier García Albiol a lo largo de esta legislatura y es hasta cuándo van a mantener las formas. Está claro que apenas existe margen para el entendimiento entre el presidente de la Generalitat y el líder parlamentario del PP catalán, pero ayer quisieron preservar el tono de respeto en su primera reunión institucional. El respeto es el único patrimonio común que pueden cultivar en los próximos tiempos, puesto que su terreno de juego habitual va a ser el de las advertencias y la censura.

Puigdemont y García Albiol abordaron, por supuesto, el proceso soberanista y, en concreto, la última iniciativa de Junts pel Sí y la CUP consistente en iniciar la tramitación de las tres leyes destinadas a «la desconexión» con el resto de España. «Si al final se acaba admitiendo a trámite la ponencia para la creación de estas tres leyes de ruptura, que no tenga ningún tipo de duda que el PP no se quedarán de brazos cruzados y actuará. Seremos beligerantes», anunció Albiol al término de su reunión con Puigdemont.

El dirigente popular fue preguntado por la reacción de Puigdemont una vez escuchó sus avisos y respondió de forma muy gráfica: «Ha subido los hombros y se me ha quedado mirando. Él considera que las cosas las están haciendo bien y yo le he advertido de que es una provocación, son ganas de fracturar la sociedad y buscar conflicto».

Pero los avisos del PP no parecen intimidar al Govern de Junts pel Sí, que está decidido a tirar adelante con sus planes soberanistas. La portavoz del Govern, Neus Munté, compareció ante los medios tras la reunión de Puidemont con Albiol y acusó a los populares y al Gobierno de «judicializar cada paso» del proceso independentista. Según Munté, las tres ponencias que quieren formar los soberanistas son plenamente legales porque atañen a competencias de la Generalitat. «El Govern no renuncia en ningún caso a su hoja de ruta», subrayó la portavoz.

La opinión del Govern de Junts pel Sí es que las tres ponencias que se pretenden crear y que el Gobierno amenaza con impugnar (una sobre la administración tributaria, otra sobre la seguridad social y otra sobre el régimen jurídico catalán), así como la conselleria de Exteriores son legales, porque son funciones que tiene asignadas la Generalitat. «No hay margen jurídico para tumbarlas», consideró Munté, que ya dijo lo mismo de la comisión de estudio del Parlament sobre el proceso constituyente, aunque eso no impidió que el Ejecutivo central lo llevara al Alto Tribunal.

«No podemos pensar que estas ponencias y tramitación de leyes puedan ser suspendidas. Entendemos que forma parte del normal y soberano ejercicio del Parlament. Esto tiene todo el apoyo del Govern», abundó la también consellera de la Presidència. Para burlar al Tribunal Constitucional, Junts pel Sí y la CUP han edulcorado los nombres de estas ponencias, evitando darles el nombre de Hacienda propia, Seguridad Social y transitoriedad jurídica.

Albiol se mostró escandalizado por el proyecto de un Govern independentista que pretende «saltarse el Estado de Derecho para hacerse unas leyes en interés propio, de acuerdo a la voluntad política e ideológica de una parte de la sociedad», algo que, a su juicio, «solo se produce en los regímenes totalitarios». «Ni el PP catalán ni el Gobierno de España, mientras esté el PP, permitirán ni consentirán que se tiren adelante leyes que signifiquen romper el Estado de Derecho», insistió el dirigente popular.

El PP no es el partido del «no»

Pese a que el choque en el terreno del soberanismo fue total, García Albiol trató de mostrarse constructivo y ofreció propuestas genéricas para llegar a acuerdos en otras materias en los ámbitos económico, social y territorial. Así quiso desmentir que el PP sea «el partido del no, no y no», tal y como le suelen etiquetar sus adversarios de Convergència.

Entre estas propuestas está que los presupuestos prioricen la educación, sanidad, servicios sociales y dependencia; la libertad de elección de modelo educativo escolar; reducción de listas de espera; destinar 100 millones de euros anuales a financiar plazas públicas y concertadas en guarderías; o lucha contra el paro.

También propuso suprimir el tramo autonómico del IRPF y el impuesto de sucesiones; la mejora de un sistema de financiación «más justo»; la «protección» del autogobierno y el compromiso de que la Generalitat no tomará decisiones contra la legalidad; la reducción de altos cargos o la neutralidad de los medios públicos. Como también impulsar una acción exterior para fomentar las exportaciones sin poner «en riesgo la pertenencia a la UE».

Las quince prioridades del PP

El PP puso ayer por escrito las prioridades que, a su entender, deberían abordarse en esta legislatura y las repasó con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Se trata de un documento con quince puntos en total. Se pide, entre otras ccosas, que los presupuestos destinen como mínimo el 80 por ciento del gasto no financiero a la educación, salud, servicios sociales y dependencia, eliminando cualquier dispendio dirigido al separatismo. Incidiendo en la enseñanza, se hace hincapié también en que los padres puedan escoger el modelo educativo para sus hijos. Volviendo a la sanidad, los populares quieren una inversión que permita reabrir los quirófanos y ambulatorios cerrados en los últimos años, debido a los recortes. Otro punto importante sería el impulso de las políticas de ayuda a las familias, como una ley de apoyo a la maternidad y a la mujer trabajadora. También se reclama un pacto para la ocupación, para reducir el paro, una rebaja de impuestos y suprimir los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones. Otro punto es intentar que la Generalitat negocie un «mejor y más justo» sistema de financiación autonómico. Los populares piden que la Generalitat no tome ninguna decisión contra la legalidad vigente (Estatut d’Autonomia, Constitución y tratados comunitarios) que ponga en riesgo el mantenimiento de las competencias actuales. El PP quiere que «los catalanes tienen el drecho a saber los costes del entramado político que apoya al separatismo». Asimismo, también se apoya una acción exterior a favor de las exportaciones y la atracción de inversiones extranjeras y del turismo, y una regeneración política.