Archivada la causa de la ex diputada Capdevila en el «caso Mercurio»

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La investigación a la ex diputada del PSC en el Parlament Montserrat Capdevila, por supuestamente cargar en 2012 a la cámara catalana el coste de viajes a Madrid fue definitivamente archivada después de que ninguna de las partes presentara alegaciones al archivo provisional dictado por el juez en noviembre.

En el auto del mes pasado, el juez consideró que la Policía obtuvo la información sobre el pago de los billetes de AVE a partir de unas conversaciones telefónicas de la investigación del caso Mercurio que fueron «injustificadamente hurtadas al conocimiento y al control» del juzgado de Sabadell, que había autorizado los «pinchazos».

Son 26 conversaciones entre la diputada y el que era alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, que los Mossos localizaron durante la investigación de esta macrocausa y de la que no dieron cuenta al juez hasta transcurrido más de un año: «Evidencia una falta de control judicial en la intervención telefónica que afecta indudablemente a la licitud de las pruebas», concluye el TSJC.

El tribunal razonó que el retraso en comunicar al juzgado la intercepción de las conversaciones –interceptadas del teléfono de Bustos, investigado en el caso Mercurio– implica que no podía haberse investigado esta presunta malversación de fondos públicos del Parlament sin la autorización judicial y las pesquisas, cuando además Capdevila era aforada y por tanto sería el TSJC y no el juzgado de Sabadell que investigaba este caso.

El juez dijo que, una vez que los Mossos descartaron que Bustos hubiese pagado estos viajes con fondos de la FMC que presidía, «no le era posible a la Policía seguir investigando por su cuenta nuevos hechos no incluidos en la autorización judicial»; por ello, decidió archivar provisionalmente la causa sin entrar a valorar si la exdiputada pudo haber cometido el delito.

La ex diputada estaba imputada por supuestamente cargar entre los años 2010 y 2012 a la cámara catalana viajes en tren ida y vuelta Barcelona-Madrid por un importe total de 4.347,1 euros.

Como diputada, Capdevila tenía una tarjeta que le da derecho a cargar directamente al Parlament los gastos por desplazamientos en tren relacionados con el ejercicio de su labor parlamentaria, en virtud de un convenio de colaboración entre la compañía y el mismo parlamento catalán, según fuentes judiciales.