Bienestar cobrará 35 euros por cada informe de arraigo a los inmigrantes

La consellera de Bienestar y Familia, Neus Munté, celebra sus primeros seis meses en el cargo con una nueva tasa. Su departamento cobrará 35 euros por cada informe de arraigo que soliciten los inmigrantes, con lo que prevé recaudar un millón anual para financiar los gastos burocráticos que suponen estos trámites.

La consellera aseguró, en declaraciones a Efe, que su departamento no prevé poner ninguna tasa más sobre los servicios que presta y explicó que, si bien la población inmigrante tiene muchas dificultades de acceso laboral, no es un gravamen a un colectivo vulnerable porque, según añadió, no les pondría «la etiqueta de vulnerables por el solo hecho de ser inmigrantes».

Munté explicó que la tasa ya estaba prevista en la ley de acompañamiento de los presupuestos y se sumará a la que ya cobran algunos ayuntamientos por estos servicios y avanzó que han empezado a hablar con la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios para intentar homogeneizar la tasa municipal sobre informes de extranjería.

Según Munté, las personas inmigradas solicitan un informe porque quieren reagrupar a su familia o instalarse definitivamente aquí y podrán pagar los 35 euros de la nueva tasa. «No creo que les suponga un impacto importante», apuntó.

La consellera recordó que algunos ayuntamientos ya cobran una tasa por estos informes «porque es una tarea personalizada, se tiene que cotejar documentación y por lo tanto no es algo nuevo».

La Dirección General de Inmigración, que depende del Departamento de Bienestar Social, ha tramitado un total de 59.737 informes de extranjería desde que, en julio de 2011, entró en vigor la última reforma de la ley de extranjería que otorgó esta competencia a las comunidades autónomas.

De los 59.737 expedientes tramitados, actualmente están resueltos 55.190, de los que 50.662 han resultado favorables y 4.113 desfavorables.

Munté explicó que está pendiente del techo de déficit que fije el Gobierno para acabar de redondear el proyecto de presupuesto de su departamento para este año. La nueva tasa entrará en vigor, a su vez, cuando se aprueben los presupuestos de la Generalitat de este año.

Déficit

La consellera advirtió de que cada décima de techo de déficit suponen 400 millones de euros, por lo que ha reclamado que baje el máximo posible. «Este departamento trabaja con personas en riesgo de vulnerabilidad, y tener más o menos dinero tiene una connotación especial, porque tenemos que atender a los colectivos con más dificultad», dijo Munté. «Estamos haciendo muchos esfuerzos para poder funcionar con normalidad pese a que no estamos en una situación de normalidad», subrayó. Munté, la consellera insistió en que el compromiso del Govern es que las políticas sociales mantengan su peso específico en el conjunto del presupuesto de este año. «Todo en este departamento es prioritario», insistió.

Tras medio año en el cargo, la consellera Munté califica de «ambivalente» su experiencia. En la balanza de lo positivo ha destacado «las sinergias, cooperación y suma de esfuerzos entre la Generalitat, los ayuntamientos y las entidades sociales para atender a los colectivos más vulnerables», mientras que «lo más negativo y complicado son las dificultades económicas por culpa del descenso de la financiación por parte del Estado»