Cataluña presiona a las eléctricas para que asuman parte de la pobreza energética

Colau y Puigdemont firman un convenio que las obliga a pagar el 50% del coste de las facturas.

Según los últimos datos del Idescat, un 11% de los catalanes no puede encender la calefacción, aunque la ola de frío deje temperaturas bajo cero y el Govern decrete la alerta por «frío riguroso y excepcional». Son pobres energéticos y no disponen de los recursos económicos para hacer frente a la factura de la luz. Más ahora, que se ha disparado su coste hasta niveles alarmantes. En concreto, el sobrecalentamiento eléctrico costará a cada español de media 100 euros más al año.

Para atender esta situación, las administraciones catalanas (Generalitat, ayuntamiento de Barcelona y diputaciones) se reunieron ayer para conformar un frente común que presione a las compañías suministradoras con el fin de hacerlas partícipes en la lucha contra la pobreza energética. Con este objetivo firmaron un convenio que obliga a las eléctricas a cumplir la parte de la ley 24/2015 que no está recurrida por el Tribunal Constitucional. En concreto el artículo 6, que prohibe los cortes de luz a las familias vulnerables e insta a las eléctricas a llegar a acuerdos con la Administración para protegerlas.

El presidente catalán Carles Puigdemont y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fueron los encargados de firmar este tratado ayer en el Palau de la Generalitat. Tal y como declararon, esperan que las compañías eléctricas se sumen a él en el plazo máximo de dos meses, pero la negociación se prevé ardua y complicada. Sobre todo porque además de prohibir los cortes sin antes haberlo notificado a los servicios sociales, el convenio insta a las compañías a hacerse cargo del 50% de la factura de la pobreza energética a través de tarifas sociales, la condonación de la deuda acumulada y aportaciones económicas directas. También se les pide optimizar la potencia contratada y promocionar el bono social.

Hay que tener en cuenta que existe un precedente de la poca voluntad de las compañías para corresponsabilizarse en el pago de las facturas. Cuando se aprobó la ley 24/2015, la Generalitat redactó un protocolo que impedía los cortes de luz sin el informe de vulnerabilidad previo y a dar ayudas a fondo perdido, La patronal UNESA, que engloba a compañías como Endesa o Gas Natural, decidió recurrirla porque «excede lo estipulado en la Ley», porque lo único que obliga es a llegar a un acuerdo, y recordaron que «cualquier acuerdo es voluntario». No obstante, el Govern se reitera en esta idea y ha decidido incluir este protocolo en el nuevo convenio. Por ahora, las compañías eléctricas no se han pronunciado. Quien sí lo ha hecho es la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), que critica que el tratado es «poco ambicioso» y defiende que las eléctricas asuman el 100% del coste de las facturas en caso de vulnerabilidad.