CiU, PSC y ERC rechazan toda culpa en la quiebra de Spanair

Aprobarán sus conclusiones en el Parlament sin rastro de autocrítica

Catalana d’Iniciatives –integrada por Generalitat, Ayuntamiento y una docena de empresas– adquirió el 80,1% de Spanair en 2009. La quiebra se produjo en enero de 2012.
Catalana d’Iniciatives –integrada por Generalitat, Ayuntamiento y una docena de empresas– adquirió el 80,1% de Spanair en 2009. La quiebra se produjo en enero de 2012.

Es difícil hallar una operación económica tan calamitosa por parte de la Generalitat como la de su adquisión de Spanair a finales de enero de 2009, cuando el consejo de administración de Catalana d’Iniciatives –un fondo de capital participado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y una docena de empresas– aprobó la compra del 80,1 por ciento de la compañía aérea. Aunque Spanair perdía por entonces 80 millones anuales, los inversores catalanes estaban convencidos de que una reducción de la flota y de la plantilla, así como una reorientación de sus rutas comerciales hacia los destinos más rentables permitiría a la compañía entrar en beneficios en poco tiempo. Nada más lejos de la realidad. Primero el tripartito y luego el Govern de CiU inyectaron millonarias cantidades para que Spanair continuara en el aire. 180 millones después, en enero de 2012, el Govern dijo basta. El sueño de una aerolínea catalana para convertir El Prat en un centro de conexiones internacionales se había estrellado. ¿Qué responsabilidades políticas se derivan de aquella gestión?

La respuesta es ninguna. Así al menos lo consideran CiU, ERC y PSC, los grandes artífices políticos de la compra y mantenimiento de Spanair desde las administraciones públicas (Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat) y desde los entes semipúblicos (Fira de Barcelona y Turismo de Barcelona). Todos ellos presentaron ayer se susconclusiones en el marco de la comisión de investigación parlamentaria y coincidieron en sacudirse todas las culpas.

«Los objetivos de futuro de la compañía eran consistentes y el proyecto empresarial viable», argumentó el PSC en su documento. «Dos gobiernos de la Generalitat dieron apoyo a esta iniciativa y los estudios realizados por consultoras independientes avalaban la viabilidad del mismo», expuso CiU. «La operación de Spanair no tenía voluntad de ser un proyecto empresarial público, sino que se puede considerar que era un proyecto político de país», justificó ERC.

Los responsables políticos de aquella operación, por tanto, no tendrán mayor problema en aprobar el dictamen de conclusiones en la comisión parlamentaria ni posteriormente en ratificarlo en el pleno.

Nombres y apellidos

El PP censuró la gestión al frente de Spanair porque, a su entender, respondió más a criterios políticos e ideológicos que a profesionales y empresariales. Los populares pusieron nombre a los responsables de este fracaso: los alcaldes Jordi Hereu y Xavier Trias; el teniente de alcalde Jordi William Carnes; los presidentes de la Generalitat José Montilla y Artur Mas y los consellers Antoni Castells, Andreu Mas-Colell, Josep Huguet y Francesc Xavier Mena.

C’s aseguró que la compañía era inviable desde el primer día y que Spanair fue «una operación política de los gobiernos nacionalistas», «absolutamente injustificada». «Fue una operación al servicio de la política y no un proyecto económico al servicio de los ciudadanos», afirmó C’s. ICV se sumó a las críticas recordando la grave crisis de 2009.