CiU y ERC se niegan a publicitar el coste al detalle de las «embajadas»

El frente nacionalista de CiU y ERC funcionó ayer como un rodillo en el Parlament. No sólo evitaron un «striptease» del coste de las embajadas, sino que también unieron sus votos para rechazar una moción de la CUP en la que se pedía auditar la deuda de la Generalitat.

La explosión simultánea de varios casos de corrupción obligó a la clase política a mover ficha con el objetivo de borrar la idea de que las malas prácticas son demasiado comunes en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, quiso liderar la respuesta institucional y anunció a principios de febrero que pensaba dar prioridad a una ley de transparencia con el propósito de poner en marcha una batería de medidas destinadas a recuperar la credibilidad de las administraciones.

En paralelo, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, explicó que esta ley se tramitaría a toda velocidad y, de esta manera, las instituciones trataron de ponerse a la altura de un reto nada sencillo: demostrar a la ciudadanía que sus representantes públicos gestionan los impuestos de todos con honestidad y sin opacidades.

Apenas dos meses después de todos estos buenos propósitos, CiU, ERC y la CUP unieron ayer sus fuerzas para impedir que se conozca al detalle el coste del mantenimiento que supone la red de «embajadas» de la Generalitat. La administración catalana siempre ha englobado estos gastos bajo una misma partida con el fin de evitar que se conozcan al detalle los costes de alquilar los privilegiados espacios que tiene alquilados en París, Berlín, Londres, Bruselas y Nueva York. Sólo las reiteradas preguntas parlamentarias han permitido conocer que la oficina de Nueva York supera los 470.000 euros anuales y que la delegación de Bruselas alcanza los 416.000 euros anuales.

El PP pidió a través en una moción no sólo conocer el coste de las «embajadas», sino también forzar a la Generalitat a publicar un informe trimestral con la actividad de las cinco «embajadas» catalanas. En este punto recibió el respaldo de PSC y C's, y la abstención de ICV. Por tanto, los apoyos resultaron insuficientes para aprobar la moción.

Los populares también reclamaron sin éxito integrar a las infraestructuras de la acción exterior del Estado, como ya ha ofrecido el Ministerio de Asuntos Exteriores, el personal de las delegaciones de la Generalitat y el de las oficinas comerciales en el extranjero.

Auditoría

El frente nacionalista de CiU y ERC funcionó ayer como un rodillo en el Parlament. No sólo evitaron un «striptease» del coste de las embajadas, sino que también unieron sus votos para rechazar una moción de la CUP en la que se pedía auditar la deuda de la Generalitat, y en la que se consideraban «ilegítimos» algunos conceptos que han provocado el endeudamiento.

En la moción de la CUP se proponía, en concreto, encargar una auditoría pública de la deuda de la Generalitat a fin de determinar su origen, composición, sus responsables políticos y las entidades crediticias principales, pero CiU y ERC impidieron que prosperara.

Esta moción, que era la primera que presentaba la CUP en esta legislatura, contó con los votos favorables de ICV-EUiA y de Ciutadans (C's) además de los del grupo proponente, mientras que el PSC y el PP se abstuvieron.

Por parte de la CUP defendió la moción el diputado Quim Arrufat, que reivindicó el derecho de los ciudadanos a conocer las partidas concretas que han generado endeudamiento, los conceptos y su cuantía.

Arrufat criticó que la partida que crece más en los presupuestos de la Generalitat sea la del pago de deuda y que «paradójicamente sea la más oscura, a pesar de que supone aumentar la dependencia de las entidades financieras, que son las causantes de la crisis».