Colau aprueba su plan de vivienda hasta 2025 de la mano de CiU y C’s

El Ayuntamiento construirá 18.500 pisos con la colaboración de empresas privadas.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, parece que poco a poco le va tomando el pulso al cargo. Al menos, el acuerdo cerrado en materia de vivienda, con CiU y Ciudadanos, parecía impensable hace muy poco tiempo. Así que la alcaldesa ya lo tiene dispuesto para su gran pleno de legislatura en el que dará luz verde a sus dos medidas estrella. Hoy aprobará la nueva moratoria turística, conocida como Peuat (Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos), y el plan de vivienda 2016-2017. O lo que es lo mismo, Colau ha pactado la moratoria a su izquierda y el plan, a su derecha.

Así las cosas, el nuevo plan para el derecho a la vivienda prevé la construcción de más de 18.500 nuevos pisos, la mitad promocionados por el propio Ayuntamiento y el resto, por entidades y operadores privados: 4.700 serán de nueva construcción a través de la colaboración público y 5.000 serán pisos vacíos movilizados. El plan -dotado con 1.600 millones de euros- incluirá unas sesenta actuaciones concretas, como la creación de un instituto municipal para centralizar todos los servicios de vivienda del Ayuntamiento. Algunas ya entraron en funcionamiento en 2016 (como la unidad encargada de prevenir los desahucios), pero hay otros que se implementarán progresivamente hasta 2025. Por ejemplo, antes de este verano el Consistorio creará Instituto Municipal de la vivienda en sustitución del Patronato Municipal actual para centralizar todos los servicios del Ayuntamiento sobre vivienda. También aumentarán un 50 por ciento las ayudas al alquiler (318 millones de euros) y se doblará el presupuesto para rehabilitaciones (300 millones).

El resultado del plan, por lo tanto, propiciará votaciones curiosas. De un lado, los grupos municipales de ERC, CUP y PP votarán en contra, mientras que CiU y Ciutadans lo harán a favor. Estos últimos, curiosamente, sin presentar ni una sola alegación. El concejal de Vivienda de Barcelona, Josep Maria Montaner, defendió que éste «es un plan hecho desde la izquierda» y que la distribución de los apoyos de otros grupos parlamentarios «es circunstancial». El gerente de Vivienda del Ayuntamiento, Javier Burón, defendió la política de gestión público-privada incluida en el nuevo plan y criticada por ERC y la CUP pues, según dijo, «la ciudad no podía renunciar a ningún operador» porque «necesitamos recursos», y añadió que «lo fundamental en este caso es que los medios son 100 % municipales».

Del otro lado del cuadrilátero, el presidente del grupo municipal del PP, Alberto Fernández, señaló que se trata «de un plan insuficiente en la construcción de nuevas viviendas públicas, que incluye promociones incumplidas de otros planes y premia la ocupación ilegal de viviendas». El presidente de ERC, Alfred Bosch, señaló que «no han visto voluntad de cambio den el plan».