La alcaldesa y el president se proponen colaborar para aprobar las cuentas de la Generalitat y el Ayuntamiento

Ada Colau ha demostrado hoy su voluntad por reconstruir los puentes con el independentismo tras su controvertida investidura, que desbancó a Ernest Maragall y enfureció al separatismo. El primer paso en esa dirección lo ha dado en la reunión que ha mantenido esta mañana con Quim Torra, donde ha tendido la mano “con ánimo constructivo” para negociar y aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2020. Las cuentas llevan prorrogadas en Cataluña desde 2017, una circunstancia que limita mucho la capacidad de acción de la Generalitat e incide también sobre la inversión en Barcelona.

El encuentro, que se ha extendido una hora, es el primero tras la tensa reelección de Colau. En este sentido, la alcaldesa ha precisado que ha acudido para abordar aspectos importantes para mejorar los servicios públicos, algo que a su juicio pasa, principalmente, por el desbloqueo de los presupuestos en la Generalitat y en el Ayuntamiento. “Hemos hecho una propuesta para hablar de presupuestos en septiembre. No podemos seguir con administraciones que están bajo mínimos, tenemos que hacer lo posible para que funcione al servicio de la ciudadanía”, ha afirmado en la rueda de prensa posterior, celebrada en el Palau de la Generalitat.

Damià Calvet, que ha ejercido de portavoz por la ausencia de Meritxell Budó, ha subrayado también la actitud “constructiva” del Govern para reactivar las relaciones con el Ayuntamiento y ha confirmado la predisposición a negociar los presupuestos de ambas administraciones. Tras el fracaso de los presupuestos de 2019, donde los “comunes” tuvieron un papel determinante ya que eran el principal socio para aprobarlos y se acabaron descolgando, Colau se ha mostrado más optimista de cara a 2020 por el contexto social: “Pasado este año, todo el mundo es consciente de lo que está en juego. Los ciudadanos están cansados de instituciones bloqueadas sin presupuestos”, ha agregado.

De esta manera, Colau daría oxigeno a Torra en la Generalitat, que por ahora se resiste a convocar elecciones en un horizonte próximo, pese a la presión de ERC y la ostensible parálisis del Govern, agravada por la falta de mayoría en el Parlament y los recurrentes choques entre ambos socios. JxCat, ante las perspectivas electorales desfavorables, prefiere aguantar. De hecho, Calvet ha reivindicado la necesidad de “dar estabilidad” a las instituciones. A cambio del apoyo de los “comunes” a las cuentas de la Generalitat, la alcaldesa de Barcelona lograría los apoyos necesarios para dar luz verde a las cuentas del consistorio, que durante el mandato pasado se convirtieron en un arma de desgaste de la oposición.

Pero más allá de los presupuestos, la voluntad de acercamiento entre Torra y Colau se ha reflejado también en la activación de la comisión mixta entre Ayuntamiento y Generalitat donde se deben abordar cuestiones como la vivienda, servicios sociales, educación o sanidad. Según han trasladado tanto Colau como Calvet, la previsión es que los equipos técnicos se preparen en septiembre y el encuentro se produzca a principios de octubre.

El “ánimo constructivo” con el que ha acudido Colau también se ha puesto de manifiesto en el tono de sus reivindicaciones. El ayuntamiento de Barcelona estima en 280 millones de euros la desinversión de la Generalitat en la ciudad desde 2011, una deuda que la alcaldesa ha rehusado reclamar en su totalidad y se ha limitado a pedir que a partir de ahora la Generalitat se comprometa a incrementar en 30 millones el desembolso que hace en Barcelona (estimado en unos 190 millones de euros anuales y crecería hasta los 220). En este ámbito, la alcaldesa ha querido distinguir entre “deuda legal”, que es susceptible de ser reclamada en los tribunales –como, por ejemplo, las guarderías, donde la Generalitat debería financiar una tercera parte- y la desinversión social, que depende únicamente de la voluntad y capacidad del propio Govern. Calvet ha asegurado que no comparte esta cifra y ha reclamado que se contextualice, ya que ha atribuido las dificultades al “déficit fiscal”. En este punto, ambas administraciones se han comprometido a ir de la mano en exigir al Estado que materialice todas las inversiones que tiene pendientes, entre ellas, en infraestructuras, imprescindible para poder afrontar “la emergencia climática”.

Donde Colau se ha mostrado más punzante ha sido en la vivienda, área en la que ha reclamado más compromiso al Govern. En este sentido, ha asegurado que si la Generalitat cumpliera con su parte, Barcelona podría disponer de 1.000 viviendas más para dar salida a toda la lista de espera por emergencia habitacional.