Colau exige a la Sareb sus pisos vacíos

El Ayuntamiento da un mes de plazo para que ceda al Ayuntamiento 562 viviendas y amenaza con recurrir a la vía judicial en caso de negativa

«Apostamos por el diálogo pero si no es por las buenas será por la ley». Con esta amenaza la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dio ayer un ultimátum a la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para que ceda al Ayuntamiento los pisos que tiene vacíos o se los venda a precios inferiores a los de mercado en el plazo de un mes , con el fin de destinarlos al alquiler social.

Con esta medida el ejecutivo municipal pretende hacer factible la ILP de emergencia habitacional aprobada en el Parlament el pasado agosto, que obliga a los «grandes tenedores» de viviendas a ceder a la administración los pisos vacíos desde hace más de dos años al entender «que no cumplen con su función social de dar alojamiento».

Según la Generalitat, en Barcelona hay un total de 2.591 casas de entidades financieras sin inquilino, de las cuales 562 proceden de la Sareb. «De ahí que haya sido el primer agente elegido para llegar a un acuerdo», insistió Colau. Pero, al parecer, el entendimiento está lejos de alcanzarse. Las condiciones que ha propuesto el llamado banco malo para entregar sus activos no han gustado al consistorio. El hecho de que renuncie a pagar la rehabilitación de las viviendas, que exija el pago de un alquiler por valor de 175 euros y que únicamente consienta cederlos por un tiempo máximo de tres años –en vez de los cinco propuestos– fue calificado por Colau de «estafa». «Lo que no podemos aceptar es que pretendan que les hagamos el trabajo, les dejemos los pisos mejor de lo que los tenían y luego ellos dispongan al cabo de tres años para que vuelvan a especular», se quejó la alcaldesa. Aún así, insistió en que la vocación del consistorio es agotar la vía de la negociación para no llegar a los tribunales. La semana que viene el gobierno municipal enviará a la Sareb una carta requiriéndoles los 562 pisos que tiene vacíos y si en el plazo de un mes no se obtiene respuesta recurrirá a la vía judicial. «Llevamos cuatro meses de diálogo pero tenemos prisa», reiteró Colau tras cuantificar en 30.000 las familias inscritas en el registro para acceder a una vivienda social, 7.000 de las cuales en situación vulnerable.

A contrario de lo que ocurre con la Sareb, la primera edil reconoció que con el resto de entidades financieras los convenios si están prosperando. La segunda entidad con más casas habitar en la Ciudad Condal es el BBVA, con 510. Por su parte, Anticipa (CatalunyaCaixa) tiene 210, La Caixa 135, Unim 120, el Santander 111, Bankia 110, el Popular 90, Hipocat 80 y Criteria 70. Los pisos se concentran en los distritos de Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu, Ciutat Vella y el Carmell.

El Concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, advirtió que la cesión obligatoria de los pisos buitres no exculpa a las entidades financieras a pagar las multas coercitivas que les impuso el Ayuntamiento por tener casas sin inquilino. Montaner advirtió que las doce primeras no han sido saldadas, por lo que la próxima semana se les impondrá una segunda sanción por valor de 10.000 euros.

Primero los bancos, después las eléctricas. Es la máxima que parece seguir Colau para acabar con el proteccionismo imperante a estos dos sectores y obligarles a convertirse en agentes activos contra la emergencia habitacional y la pobreza energética. Para ello, impulsará un «protocolo de colaboración con las eléctricas», que incluirá la obligación de éstas a detener los cortes de suministro que afecten a personas en situación de vulnerabilidad. Además, reforzará el dispositivo para detectar casos y la información sobre las ayudas existentes.

Una de las preocupaciones del Ayuntamiento es el desconocimiento que los afectados tienen de las ayudas existentes, que hasta julio sumaron 613.227 euros a casi 4.000 personas. El líder municipal del PSC, Jaume Collboni, recordó que todavía la alcaldesa no ha gastado los dos millones del presupuesto para hacer frente a la pobreza energética.